La crisis que involucra a Ueno Bank y al Grupo Vázquez también tiene un fuerte impacto sobre el sector laboral, con miles de personas que quedaron en incertidumbre ante la paralización de actividades de empresas que prestaban servicios al conglomerado. El Gobierno busca destrabar las dificultades jurídicas y avanzar en respuestas sobre salarios pendientes, liquidaciones y cobertura médica.
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, señaló en entrevista brindada al programa “Arriba hoy” de Universo 970 AM, que el alcance de la afectación llega a alrededor de 7.000 trabajadores, entre nacionales e internacionales. De ese total, unos 6.000 corresponden a personas vinculadas a bancos, empresas relacionadas y corresponsalías no bancarias que operaban en Paraguay. También se registraron consultas de trabajadores de Nicaragua, Argentina, Panamá y México, que prestaban servicios para empresas vinculadas y cobraban sus salarios desde el país.
Entre los grupos identificados, Recalde mencionó a aproximadamente 490 empleados de Ueno Bank y unos 1.600 trabajadores de Itti, empresa dedicada a servicios de soporte informático. La ministra explicó que el entramado comprende a cerca de 37 empresas que fueron creadas o desarrolladas para brindar distintos servicios al banco.
Uno de los principales desafíos es determinar la situación jurídica de cada firma y avanzar con las liquidaciones correspondientes. Según Recalde, muchos trabajadores siguen activos en las nóminas, pero están en una situación de vulnerabilidad porque no tienen representantes legales a quienes recurrir, debido a que varios propietarios y responsables están imputados o procesados. Esto genera incertidumbre sobre el cobro de salarios y las obligaciones laborales pendientes.
Para atender estos casos, el Ministerio conformó mesas de trabajo y analiza las personerías jurídicas, los contratos y los proyectos asociados a cada empresa. La intención es encontrar alternativas que permitan ordenar las responsabilidades y dar respuestas a los afectados, en un escenario que todavía requiere un análisis particular de cada compañía.
Otro punto de preocupación es la cobertura médica. La titular del MTESS indicó que los últimos aportes patronales registrados ante el Instituto de Previsión Social (IPS) corresponden a setiembre. Aunque el vencimiento de octubre está previsto para el 12 de noviembre, varios trabajadores ya manifestaron inquietud por la continuidad de las prestaciones, especialmente mujeres embarazadas y personas que requieren atención médica.
Por este motivo, el Ministerio solicitó al Consejo de Administración del IPS analizar una extensión del periodo de carencia y posibles medidas excepcionales. Recalde adelantó que buscarán coordinar una respuesta con las autoridades de la previsional.
La ministra también reconoció que los salarios del personal tecnológico de itti estaban muy por encima del promedio del mercado, aunque destacó la preparación profesional de los trabajadores y señaló que todavía deben analizarse sus posibilidades de inserción en otras empresas.
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