La trayectoria reciente de Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, refleja el contraste entre el prestigio que alcanzó como autoridad monetaria y el escándalo que terminó precipitando su salida del cargo.
En octubre de 2025, Carvallo era presentado como uno de los mejores banqueros centrales del mundo, tras recibir un reconocimiento de la revista internacional Global Finance. Un año después, su gestión quedó envuelta en una crisis que afectó a millones de ahorristas y puso en duda la eficacia de los mecanismos de supervisión bancaria.
Su renuncia, oficializada el 3 de noviembre de 2026, no puso fin a los cuestionamientos. Por el contrario, nuevas revelaciones sobre los vínculos económicos de su entorno familiar con el Grupo Vázquez y la apertura de investigaciones fiscales aumentaron los interrogantes sobre su actuación al frente del BCP.
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Del sector privado al organismo regulador
Carvallo asumió la presidencia del Banco Central en septiembre de 2023, luego de ser propuesto por el presidente Santiago Peña, quien destacó su preparación técnica y experiencia económica.
El economista ya había integrado el directorio del BCP, pero su trayectoria también incluía un antecedente que posteriormente cobraría especial relevancia: fue presidente de financiera ueno antes de asumir la conducción de la institución encargada de supervisar el sistema financiero paraguayo.
Este paso del sector privado al organismo regulador generó cuestionamientos por los potenciales conflictos de intereses que podían surgir de su vinculación previa con una empresa del sector. Pese a ello, Carvallo asumió la conducción de la banca matriz con el compromiso de preservar la estabilidad monetaria, fortalecer la supervisión financiera y mantener la confianza en el sistema bancario.
De los reconocimientos al escándalo
Durante su administración, Carvallo recibió reconocimientos internacionales por los resultados de la política monetaria paraguaya. En septiembre de 2026 volvió a figurar en la distinción de Global Finance y su gestión fue reconocida por LatinFinance. Los premios reforzaron su imagen como una figura técnica de prestigio internacional.
Sin embargo, pocas semanas después, el cierre de ueno bank provocó una crisis que golpeó precisamente uno de los pilares que Carvallo había defendido durante su gestión: la confianza en el sistema financiero.
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Su esposa facturaba al Grupo Vázquez
Uno de los antecedentes más comprometedores para la imagen institucional del extitular del BCP surgió con la revelación de los supuestos vínculos comerciales que mantenía su esposa, María Silvia Vázquez de Carvallo, con el Grupo Vázquez, propietario de ueno bank.
De acuerdo con documentos difundidos por NPY, la mujer emitió facturas por servicios de consultoría económico-financiera a favor del conglomerado empresarial mientras su esposo presidía la autoridad encargada de supervisar al banco.
Los comprobantes conocidos corresponden a abril de 2025, agosto de 2026 y septiembre de 2026, por G. 55 millones cada uno, lo que representa al menos G. 165 millones facturados. Uno de los aspectos que genera mayores interrogantes es que estos pagos se registraron durante un periodo en el que el BCP ya analizaba operaciones financieras cuestionadas de ueno bank.
Esta vinculación comercial no era desconocida. En su declaración jurada de intereses presentada en septiembre de 2023, Carvallo había informado que su esposa se desempeñaba como consultora y mantenía contratos con el Grupo Vázquez, entre otras entidades.
Sin embargo, la revelación de las facturas reavivó los cuestionamientos sobre la independencia de la supervisión bancaria y la eventual existencia de conflictos de intereses.
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Primeras alertas desde junio
Otro de los principales cuestionamientos contra la gestión de Carvallo está relacionado con el tiempo transcurrido entre la detección de irregularidades y la resolución del banco. El propio expresidente del BCP confirmó que las primeras investigaciones sobre las operaciones de ueno comenzaron el 5 de junio de 2026.
Según explicó, las alertas iniciales estuvieron vinculadas con créditos concedidos a empresas relacionadas, lo que motivó una revisión más profunda de las operaciones financieras de la entidad. Posteriormente, los supervisores identificaron problemas de solvencia y deficiencias en la documentación crediticia, además de movimientos de recursos que requirieron un análisis detallado.
Finalmente, el 2 de noviembre, el Banco Central dispuso iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.
La decisión dejó a millones de clientes en una situación de incertidumbre y abrió el debate sobre si el organismo regulador actuó con la rapidez necesaria para proteger a los depositantes.
Fiscalía investigará actuación de autoridades del BCP
Los cuestionamientos sobre la supervisión bancaria también llegaron al Ministerio Público. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso el 5 de noviembre la apertura de tres causas penales relacionadas con el caso ueno bank, incluyendo denuncias sobre la actuación de autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay.
Las investigaciones abarcan hechos vinculados con la supervisión y resolución de la entidad financiera, así como la colocación de fondos públicos en el banco. En este contexto, la actuación de Carvallo como expresidente del organismo regulador quedó dentro de los cuestionamientos que deberán ser examinados por los investigadores, aunque las resoluciones conocidas no permiten afirmar que haya sido imputado penalmente.
Este viernes 6 de noviembre, agentes fiscales se constituyeron en la sede del BCP para recabar elementos relacionados con las denuncias.
Paralelamente, el abogado Óscar Tuma anunció que promoverá acciones penales contra la cúpula directiva de la banca matriz, al sostener que existen motivos para sospechar una eventual complicidad en las irregularidades que permitieron la continuidad de las operaciones de ueno bank.
Su responsabilidad institucional por la conducción del organismo durante este periodo es un hecho. La eventual existencia de responsabilidades administrativas o penales, en cambio, deberá ser determinada por las autoridades competentes.