La continuidad de los equipos técnicos municipales y la coordinación de las alertas tempranas pueden marcar la diferencia en la prevención de pérdidas económicas ocasionadas por desastres.
Un estudio realizado en tres ciudades del país identificó desafíos en la gestión del riesgo y plantea medidas para mejorar la planificación, proteger la infraestructura y reducir los costos que enfrentan las comunidades y las empresas.
La investigación, liderada por Angelina Trinidad Da Silva, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FACSO-UNA), encontró que la capacidad de respuesta municipal no depende únicamente del presupuesto disponible, sino también de la permanencia de los profesionales y de las redes de coordinación construidas a lo largo del tiempo.
Según explicó la investigadora en entrevista con La Nación/ Nación Media, cada cambio de administración puede hacer que los municipios pierdan conocimientos acumulados sobre zonas inundables, necesidades de infraestructura y referentes comunitarios.
Por ello, propone mantener al personal técnico más allá de los períodos de gobierno, establecer unidades de gestión del riesgo mediante ordenanzas y documentar la información para garantizar su transferencia entre administraciones.
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Desde una perspectiva económica, estas medidas permiten fortalecer la prevención y reducir las interrupciones que afectan a la actividad comercial, la logística y los costos operativos.
La planificación también requiere coordinación entre municipios, ya que las obras de drenaje ejecutadas en una localidad pueden trasladar el problema de las inundaciones a otras ubicadas aguas abajo.
Otro hallazgo apunta al aprovechamiento de herramientas de bajo costo. En las ciudades estudiadas, los grupos vecinales de WhatsApp cumplen un papel central en las alertas, la coordinación de los vecinos y la orientación de los equipos de emergencia. Vincular estas redes con las unidades técnicas municipales permitiría mejorar la circulación de información y acelerar las respuestas.
La investigación también advierte que las comunidades menos organizadas pueden quedar excluidas de la asistencia y de las medidas de prevención. Para corregir esta situación, plantea simplificar los mecanismos de reconocimiento de las organizaciones territoriales y asignar recursos según la exposición al riesgo, con criterios técnicos y verificables.
Asimismo, destaca el papel de las mujeres en la preparación y respuesta ante emergencias, y propone ampliar su participación en las decisiones presupuestarias y de mitigación.
El estudio plantea así que la gestión del riesgo debe abordarse como una inversión estratégica: fortalecer las capacidades institucionales, aprovechar las redes existentes y coordinar acciones a escala de cuenca contribuye a proteger activos, sostener la actividad económica y generar condiciones más previsibles para la inversión privada.
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