El desarrollo de nuevas infraestructuras en Paraguay debe apuntar no solo a mejorar la conectividad y reducir los costos logísticos, sino también a generar las condiciones necesarias para industrializar la materia prima dentro del territorio nacional. Así lo señaló el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Ing. Paul Sarubbi, quien destacó la importancia de articular inversiones públicas y privadas con una visión de largo plazo.
El titular del gremio sostuvo que el país debe aprovechar el interés de los inversores internacionales y las oportunidades que ofrece el grado de inversión para impulsar proyectos estratégicos. En ese sentido, mencionó que Paraguay mantiene una importante brecha de infraestructura, estimada en al menos USD 30.000 millones, que podría alcanzar los USD 70.000 millones al considerar las necesidades de mantenimiento y las demandas de las próximas dos décadas.
Sarubbi destacó el potencial del Corredor Bioceánico, que permitirá conectar la producción de Brasil con los puertos del Pacífico a través de Paraguay, Argentina y Chile. Consideró que el desafío consiste en aprovechar ese flujo de mercaderías para instalar industrias en el país, mediante caminos transversales, disponibilidad de energía eléctrica y servicios básicos en las localidades chaqueñas.
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Entre las condiciones necesarias, mencionó inversiones en agua y saneamiento, viviendas, centros educativos y hospitales, además de infraestructura de generación, transmisión y distribución eléctrica. Según explicó, estos elementos son fundamentales para atraer empresas, generar puestos de trabajo y agregar valor a la producción primaria dentro del territorio paraguayo.
El presidente de Cavialpa también planteó ampliar la participación privada mediante alianzas público-privadas (APP) y concesiones, con proyectos viales, aeroportuarios, ferroviarios y de la hidrovía. Asimismo, señaló que el ferrocarril de carga podría reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de la producción nacional.
Finalmente, Sarubbi insistió en la necesidad de establecer políticas de Estado con una planificación de 10, 15, 20 y hasta 30 años, que trascienda los cambios de gobierno. A su criterio, el objetivo de estas inversiones debe ser impulsar el crecimiento económico, fortalecer la industrialización y generar más oportunidades laborales, con un impacto directo en la calidad de vida de la población.
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