El gobierno de Santiago Peña transcurrió por más de la mitad de su periodo, dejando en el camino puntos destacados y logros; sin embargo, quedan otros dos años en los cuales debe capitalizar lo sembrado a lo largo del tiempo, de manera a acrecentar su legado, sobre todo con la oportunidad de instaurar reformas estructurales.

“Los tres primeros años fueron de estabilización; los próximos dos tienen que ser de traducción: convertir credibilidad y financiamiento barato en servicios y productividad”, expresó Daniel Correa, economista y director de DCR Consultora, en diálogo con La Nación/Nación Media.

El profesional ordenó las prioridades que deben ser abordadas en cuatro frentes, principalmente. El primero hace referencia a la cuestión fiscal, específicamente la Caja Fiscal, sobre la cual indicó que, además de la reforma del presente ejercicio, se deben aplicar otros cambios complementarios. También citó la deuda con proveedores y la necesidad de establecer un cronograma de pagos y, adicionalmente, “depurar el gasto tributario y ensanchar la base del IRP, no subir tasas”.

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Posteriormente, habló del desarrollo social y de “pasar de contener a emancipar”. Sobre el punto amplió su visión explicando que “todavía hay unas 146.000 personas con menos de G. 13.000 diarios para alimentarse. Faltan un pilar previsional no contributivo y semicontributivo para informales —hoy solo 2 de cada 10 trabajadores aporta a una jubilación—, una reforma de formalización que combine simplificación con incentivos a la contratación del primer empleo joven”.

También citó el programa Hambre Cero y dijo que solucionó la cuestión de la alimentación en las instituciones educativas, pero “falta formación técnica dual atada a la demanda industrial”.

Inversión en infraestructura y servicios

El desarrollo de infraestructura es otro ámbito que se debe atacar y en ese sentido Correa fue claro al plantear que “las alianzas público-privadas dejan de ser una opción y son la única vía de escala”. Las prioridades citadas son el corredor Bioceánico y puente del Chaco, hidrovía y dragado, transmisión eléctrica, “el cuello de botella hoy no es generar energía sino transportarla” y transporte público metropolitano.

Finalmente, sobre los servicios básicos afirmó que es la “brecha más incómoda”, al considerar que “la reforma faltante es institucional antes que presupuestaria: ordenar la rectoría hoy fragmentada entre Essap, Senasa, juntas de saneamiento y regulador, tarifas sostenibles con subsidio focalizado, y un plan nacional de saneamiento con financiamiento multilateral largo, que es exactamente lo que el grado de inversión abarata”.

Daniel Correa, economista y director de DCR Consultora. Foto: Archivo

También habló acerca de dos sectores puntuales, pero no menos importantes, como salud y vivienda; sobre el primero recomendó “cerrar los atrasos con farmacéuticas” y con relación al segundo “escalar y evaluar Che Róga Porã por déficit habitacional, no por unidades entregadas”.

Grado de inversión

Repasó además cifras y hechos de gran relevancia obtenidos hasta el momento. “Paraguay hizo lo más difícil, que es sostener reglas cuando no dan rédito inmediato, y el resultado se ve: inflación de 3 %, deuda de 40 % del PIB, dos grados de inversión y 213.000 personas que salieron de la pobreza en un año”, recordó. Amplió afirmando que “el grado de inversión no es una meta, es una llave: sirve para financiarse más barato y más largo, y lo que se haga con ese financiamiento define si el país converge al desarrollo o se acomoda como economía estable de renta primaria”.

“La política que más rendimiento tendrá no es la que atraiga un dólar más de inversión, sino la que conecte al 60 % informal con el crecimiento que ya está ocurriendo”, reflexionó sobre lo referido anteriormente.

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