El gobierno de Santiago Peña transcurrió por más de la mitad de su periodo, dejando en el camino puntos destacados y logros; sin embargo, quedan otros dos años en los cuales debe capitalizar lo sembrado a lo largo del tiempo, de manera a acrecentar su legado, sobre todo con la oportunidad de instaurar reformas estructurales.
“Los tres primeros años fueron de estabilización; los próximos dos tienen que ser de traducción: convertir credibilidad y financiamiento barato en servicios y productividad”, expresó Daniel Correa, economista y director de DCR Consultora, en diálogo con La Nación/Nación Media.
El profesional ordenó las prioridades que deben ser abordadas en cuatro frentes, principalmente. El primero hace referencia a la cuestión fiscal, específicamente la Caja Fiscal, sobre la cual indicó que, además de la reforma del presente ejercicio, se deben aplicar otros cambios complementarios. También citó la deuda con proveedores y la necesidad de establecer un cronograma de pagos y, adicionalmente, “depurar el gasto tributario y ensanchar la base del IRP, no subir tasas”.
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Posteriormente, habló del desarrollo social y de “pasar de contener a emancipar”. Sobre el punto amplió su visión explicando que “todavía hay unas 146.000 personas con menos de G. 13.000 diarios para alimentarse. Faltan un pilar previsional no contributivo y semicontributivo para informales —hoy solo 2 de cada 10 trabajadores aporta a una jubilación—, una reforma de formalización que combine simplificación con incentivos a la contratación del primer empleo joven”.
También citó el programa Hambre Cero y dijo que solucionó la cuestión de la alimentación en las instituciones educativas, pero “falta formación técnica dual atada a la demanda industrial”.
Inversión en infraestructura y servicios
El desarrollo de infraestructura es otro ámbito que se debe atacar y en ese sentido Correa fue claro al plantear que “las alianzas público-privadas dejan de ser una opción y son la única vía de escala”. Las prioridades citadas son el corredor Bioceánico y puente del Chaco, hidrovía y dragado, transmisión eléctrica, “el cuello de botella hoy no es generar energía sino transportarla” y transporte público metropolitano.
Finalmente, sobre los servicios básicos afirmó que es la “brecha más incómoda”, al considerar que “la reforma faltante es institucional antes que presupuestaria: ordenar la rectoría hoy fragmentada entre Essap, Senasa, juntas de saneamiento y regulador, tarifas sostenibles con subsidio focalizado, y un plan nacional de saneamiento con financiamiento multilateral largo, que es exactamente lo que el grado de inversión abarata”.
También habló acerca de dos sectores puntuales, pero no menos importantes, como salud y vivienda; sobre el primero recomendó “cerrar los atrasos con farmacéuticas” y con relación al segundo “escalar y evaluar Che Róga Porã por déficit habitacional, no por unidades entregadas”.
Grado de inversión
Repasó además cifras y hechos de gran relevancia obtenidos hasta el momento. “Paraguay hizo lo más difícil, que es sostener reglas cuando no dan rédito inmediato, y el resultado se ve: inflación de 3 %, deuda de 40 % del PIB, dos grados de inversión y 213.000 personas que salieron de la pobreza en un año”, recordó. Amplió afirmando que “el grado de inversión no es una meta, es una llave: sirve para financiarse más barato y más largo, y lo que se haga con ese financiamiento define si el país converge al desarrollo o se acomoda como economía estable de renta primaria”.
“La política que más rendimiento tendrá no es la que atraiga un dólar más de inversión, sino la que conecte al 60 % informal con el crecimiento que ya está ocurriendo”, reflexionó sobre lo referido anteriormente.

