La situación fiscal de Paraguay exige revisar la estructura del gasto público y priorizar el uso de los recursos, ante un presupuesto descalzado y perspectivas de menores ingresos. El análisis fue realizado por la economista senior de Mentu, Martha Coronel, y el economista y exministro de Hacienda, Manuel Alarcón, durante una entrevista en el programa “Fuego cruzado” de canal GEN/Nación Media.
Coronel señaló que el descalce presupuestario para 2026 no responde únicamente al comportamiento del tipo de cambio. A su criterio, también debe revisarse la política de contratación del Estado y el crecimiento de las remuneraciones, además de la eficiencia de las compras públicas.
La economista cuestionó que continúe la incorporación de funcionarios sin que necesariamente se traduzca en mejores capacidades para prestar servicios públicos y ejecutar proyectos de infraestructura e inversión en capital humano. También planteó revisar los posibles sobrecostos derivados de los atrasos del Estado en sus pagos.
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En cuanto a los programas sociales, Coronel sostuvo que existen políticas que deben mantenerse, pero que su sostenibilidad depende de que puedan ser financiadas con los recursos disponibles. Ante un escenario de menores ingresos y obligaciones que ya forman parte del gasto corriente, consideró necesario modificar el enfoque y avanzar hacia una focalización de las políticas sociales.
Alarcón coincidió en la necesidad de racionalizar el uso de los recursos públicos y advirtió que la sostenibilidad debe ser el eje de las decisiones. Señaló que, cuando los recursos son escasos, el Estado debe identificar previamente a los sectores más vulnerables para dirigir hacia ellos la asistencia.
El exministro sostuvo que esta focalización puede ser necesaria mientras los ingresos permanezcan limitados, con la posibilidad de ampliar nuevamente las políticas a medida que la economía crezca, aumenten las inversiones y mejoren los ingresos tributarios.
Ambos planteamientos apuntan a una misma necesidad, la de mejorar la calidad y eficiencia del gasto antes de comprometer nuevas obligaciones. Alarcón advirtió que si los programas sociales no cuentan con una fuente de financiamiento sostenible, el riesgo es que, a futuro, el Estado termine sin capacidad para mantenerlos.
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