Los errores en los historiales crediticios y la falta de actualización de las deudas canceladas continúan siendo una de las principales causas de conflictos entre consumidores y empresas financieras.

En conversación con La Nación/Nación Media, la ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, recordó que tanto los proveedores como los burós de crédito tienen obligaciones legales destinadas a proteger los derechos de los usuarios y garantizar la confiabilidad de la información financiera.

La titular de Sedeco explicó que antes de consultar información de un cliente en un buró de crédito, las empresas deben informar expresamente qué entidad recibirá los datos, con qué finalidad serán utilizados y cuáles son los derechos del consumidor, además de solicitar y conservar evidencia del consentimiento otorgado.

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Irún señaló que los burós de crédito deben mantener información correcta y permanentemente actualizada. En ese sentido, cuando un consumidor cancela una deuda, el proveedor está obligado a comunicar esa situación para que el historial crediticio refleje la nueva condición.

Si existe una controversia sobre la información reportada, el buró debe registrar que el caso se encuentra en reclamo y tramitar las solicitudes de rectificación o eliminación de datos cuando corresponda.

Advirtió que mantener una obligación como pendiente cuando ya fue cancelada puede generar importantes perjuicios, especialmente para quienes buscan acceder a nuevos créditos o productos financieros.

Para prevenir este tipo de situaciones, Sedeco recomienda que las empresas implementen controles entre sus áreas de cobranza, facturación y reporte crediticio, además de sistemas internos que permitan detectar y corregir rápidamente inconsistencias antes de que afecten al consumidor.

La ministra también expuso que los usuarios tienen derecho a solicitar el contrato, los extractos y toda la documentación que respalde un cobro, así como acceder a su historial crediticio, pedir su actualización o corrección y obtener una copia del informe utilizado cuando una solicitud de crédito haya sido rechazada.

Ante cualquier irregularidad, aconsejó presentar primero un reclamo por escrito al proveedor y conservar toda la documentación relacionada, como comprobantes de pago, extractos y comunicaciones. “La confianza en el sistema económico se construye con información clara, consentimiento verificable y respuestas oportunas”, finalizó.

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