La maquila, el sector agropecuario, el mercado inmobiliario y el sector energético constituyen actualmente los principales motores del crecimiento de la economía paraguaya, según el analista económico y abogado Víctor Pavón. A estos agregó el desarrollo de los servicios y la tecnología, áreas que, según indicó, pueden convertir al país en un centro logístico y comercial de referencia a nivel regional.
Pavón señaló a La Nación/Nación Media que el potencial energético de Paraguay puede ampliarse mediante nuevas inversiones en generación, comercialización y distribución de electricidad. Asimismo, destacó que la ubicación estratégica del país y proyectos como el Corredor Bioceánico representan una oportunidad para consolidar un hub logístico, mientras que la incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías permitirá aumentar la competitividad de la producción nacional.
Mayor inversión para crear empleo
El analista explicó que uno de los principales obstáculos para la generación de empleo es la baja inversión de capital. A su criterio, cuando disminuyen las inversiones en fábricas, maquinarias y tecnología también cae la demanda de trabajadores, debido a que ambos factores de producción funcionan de manera complementaria.
Como parte de las medidas para fortalecer la competitividad, planteó cambios en el sistema laboral, incluyendo que los aportes al Instituto de Previsión Social (IPS) sean voluntarios y no obligatorios, con el argumento de otorgar mayor libertad tanto a trabajadores como a empleadores para administrar esos recursos.
Capital humano y menor intervención estatal
Finalmente, el analista remarcó que el crecimiento económico también depende de mejorar la calidad del capital humano. En ese sentido, instó a los jóvenes a prepararse para un mercado laboral cada vez más competitivo, aprender inglés y desarrollar una cultura del ahorro, al tiempo que insistió en la necesidad de una reforma educativa para responder a las exigencias del mercado. Asimismo, reiteró que el Estado debe concentrarse en garantizar seguridad jurídica y ciudadana, reduciendo su intervención en la economía para favorecer la inversión privada y la creación de empleo.