La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se reunió con representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) para tratar temas relacionados al presupuesto de la cartera de Estado y la necesidad de impulsar las obras. Como se sabe, las firmas constructoras se encuentran reclamando el pago de deudas e intereses.

“Reunión de trabajo con los gremios de la construcción, Capaco y Cavialpa, para alinear acciones y destrabar los desafíos del sector. El diálogo es la herramienta para trabajar juntos e impulsar obras, generar empleo y aportar al desarrollo”, publicó Centurión en redes sociales luego del encuentro, registrado en la jornada del miércoles.

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A través de publicaciones en redes sociales, ambas organizaciones del sector de la construcción valoraron la apertura al diálogo institucional. “Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados al cronograma de desembolsos para el año 2026, las previsiones presupuestarias para 2027, los convenios modificatorios en contratos de obras públicas y los criterios de aplicación de reajustes contractuales pendientes”, informó la Capaco.

“El seguimiento constante y el trabajo coordinado nos permiten avanzar en la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentamos, contribuyendo a una mejor gestión de los contratos y a la continuidad de las obras”, destacó por su parte el presidente de Cavialpa, Ing. Paul Sarubbi.

La Capaco, por su parte, destacó “la importancia de contar con previsibilidad en estos aspectos, considerando su impacto directo en la planificación financiera, operativa y contractual de las empresas del sector, así como en la continuidad de los proyectos de infraestructura impulsados por el Estado”.

Las empresas de la construcción, del sector vial principalmente, se encuentra reclamando unos USD 100 millones de intereses por deudas impagas. En este sentido, tienen el compromiso de la Cámara de Diputados para sancionar la ley que permitirá dar el marco legal para honrar el compromiso.

Por otro lado, inicialmente reclamaban unos USD 250 millones por facturas vencidas, cuestión que fue saldada en gran parte, según había informado la ministra de Obras.

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