La Ley 7635, que modifica la Ley 6389/2019 sobre el régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria del biodiésel apto para motores diésel, ya se encuentra oficialmente vigente tras su publicación en la Gaceta Oficial N.º 135.
Con la entrada en vigor de la normativa, la atención del sector se centra ahora en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), institución que deberá emitir la resolución para estaestablecer el nuevo porcentaje efectivo de mezcla de biodiésel con el gasoil, conforme a los parámetros fijados por la legislación.
El nuevo marco normativo establece que la mezcla obligatoria local no podrá ser inferior al 5 % ni superior al 20 %, dejando a criterio de la autoridad competente la validación técnica del porcentaje definitivo.
La definición será determinante para el comportamiento del mercado, debido a su impacto directo sobre la producción, demanda e inversiones dentro de la cadena de biocombustibles.
Industria ve oportunidad para consolidar el sector
Cuando el proyecto fue sancionado por la Cámara de Diputados en marzo pasado, desde la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap) destacaron que la medida representaba un paso estratégico para consolidar al biodiésel como política de Estado.
El vicepresidente del gremio, Francisco Jáuregui, sostuvo entonces a La Nación/Nación Media que la normativa brinda una señal de mayor previsibilidad para las empresas del rubro. Según explicó, contar con reglas más estables favorece la planificación de la producción y genera incentivos para nuevas inversiones industriales.
Además, señaló que un mayor uso de biodiésel podría contribuir a reducir la dependencia del gasoil importado, aprovechando materias primas ya producidas localmente y fortaleciendo el valor agregado nacional.
Cambios de la normativa
La legislación incorpora un rango flexible de mezcla de biodiésel de entre 5 % y 20 %, reemplazando esquemas más rígidos vigentes anteriormente.
También ratifica beneficios para productores nacionales habilitados por el MIC, incluyendo exoneraciones tributarias para la producción local y la importación de bienes de capital destinados al sector.
Asimismo, promueve programas de innovación tecnológica y sostenibilidad, con participación de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
Entre sus disposiciones, la ley mantiene además la prohibición de importar biodiésel apto para motores diésel, apostando al fortalecimiento de la industria nacional.