El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) intensificó las verificaciones laborales en empresas, principalmente aquellas vinculadas a contratos con instituciones públicas y gobernaciones, tras detectar importantes diferencias entre la cantidad de trabajadores declarados y los efectivamente registrados ante el Instituto de Previsión Social (IPS).
“Encontramos que había una gran diferencia entre lo que debía haber y lo que efectivamente estaba incorporado al IPS”, explicó el viceminsitro de Trabajo, César Segovia, durante una entrevista a Itapúa Noticias, detallando que a partir de esa constatación se inició un proceso de notificaciones a las empresas para regularizar la situación.
Durante el 2025, el ministerio realizó controles en prácticamente todos los departamentos del país, excepto Alto Paraguay y Boquerón, y logró elevar hasta noviembre el número de cotizantes a 22.680 trabajadores, la mayoría bajo la modalidad de empleo a tiempo parcial, figura legal que permite jornadas por horas con cobertura de seguridad social.
Este año, las inspecciones volvieron a activarse desde febrero. Las verificaciones ya alcanzaron Asunción, Central, Presidente Hayes, Paraguarí, Guairá e Itapúa, mientras se prevé extender el operativo al resto del país.
Según el último reporte del IPS, correspondiente a la semana pasada, la cantidad de trabajadores incorporados ya asciende a 22.900, superando incluso el registro alcanzado en 2025.
Persisten inconsistencias en horarios laborales
Aunque las inspecciones recientes no detectaron trabajadores sin afiliación al IPS en los departamentos visitados, el Ministerio sí identificó irregularidades recurrentes relacionadas con las jornadas laborales.
De acuerdo con las verificaciones, algunos contratos establecen cargas horarias de cuatro a seis horas diarias, pero los trabajadores entrevistados afirman cumplir una o dos horas adicionales no contempladas formalmente.
Las inconsistencias son contrastadas mediante entrevistas y controles de asistencia. Una vez finalizada la verificación en cada departamento, el Ministerio emite notificaciones para que las empresas corrijan las irregularidades detectadas.
El vicemistro, explicó que la administración actual modificó el enfoque de fiscalización, priorizando la subsanación de incumplimientos antes de aplicar sanciones económicas.
Bajo el nuevo esquema, las empresas reciben plazos de entre 10 y 15 días, dependiendo de la gravedad del caso, para corregir las observaciones. Solo en caso de incumplimiento se inicia el proceso sumarial y la eventual aplicación de multas.
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