Representantes del sector trabajador anunciaron este martes que se retiran del debate con los empresarios ante el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) sobre el sueldo mínimo. Afirmaron, en conferencia de prensa, que ya no quieren hablar con los empleadores y que solo trabajarán en llevar adelante el pedido de aumento del 20 % con el Gobierno.
Bernardo Rojas, titular de la Central Unitaria de Trabajadores-Auténtica (CUT-A) y representante de los obreros ante Conasam, expresó ante los medios que “es una de las primeras medidas que tomamos, la de suspender las conversaciones con el sector empresarial sobre el tema salarial. Eso no significa que nos retiramos de las negociaciones, vamos a seguir negociando, pero directamente con el Gobierno y vamos a plantear para que el reajuste sea lo que nosotros planteamos”.
Seguidamente, aseguró que ellos mantienen la reivindicación mencionada, pero que no están cerrados en el planteamiento. “No cedemos nada nosotros, ni tampoco nos aferramos a muerte, solamente es el sector empresarial el que no cede, no quiere conversar, dicen ‘fuera del marco de la ley’, entonces ellos utilizan la ley como un garrote, para golpearle a los trabajadores”, expresó tajante.
Aseguró que el salario mínimo actual no cubre las necesidades básicas del trabajador y que eso es sabido por los empleadores. Sobre las reuniones en el marco de la Conasam, dijo que seguirán asistiendo a los encuentros, para trabajar en el reglamento, pero que ya no se hablará de la variación de la remuneración básica.
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Planteamientos
La Conasam viene conversando desde hace varias semanas, sin hallar una salida a las dos vertientes. En el caso de los trabajadores, como ya se mencionó, plantean un aumento del 20 %, mientras que los empresarios exigen que se mantenga el cálculo de los últimos años, como dicta la ley, es decir con base en la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC).
Actualmente, el salario mínimo es de G. 2.899.048 y, si se mantiene la base del cálculo, el incremento sería de más de G. 60.000. El ajuste debe darse en el julio, por decreto del Poder Ejecutivo, con base en la recomendación de la Conasam.