Paraguay está frente a una ventana de oportunidad que pocos países de la región tienen: energía eléctrica abundante y barata, una economía dolarizada en los hechos y un comercio fronterizo que ya incorporó las criptomonedas como medio de pago cotidiano. Lo que faltaba era un marco legal. La Resolución 4726 de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), vigente desde el 1.° de enero de este año, es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema.

Así lo analizó Cecilia De Maio, analista especializada en activos digitales, fundadora de Racing Group y co-creadora de Auditra, en una entrevista a la 1020 AM. “Paraguay puede llegar a tener un gran ingreso a partir de esto y es un mercado muy propenso a la globalización por el tipo de producto y por la cantidad de energía que se produce. Realmente puede ser algo muy positivo”, afirmó De Maio, quien subrayó que el país reúne condiciones estructurales que lo diferencian del resto de la región.

La normativa, publicada en marzo pero con vigencia retroactiva desde enero, establece un régimen de información obligatoria —no un impuesto nuevo— sobre operaciones con criptoactivos. Alcanza a personas físicas, personas jurídicas y plataformas que superen los 5.000 dólares anuales en operaciones, y abarca el uso, la transferencia y todo aquello que genere rendimiento. La declaración se realiza a través del sistema Marangatú de la DNIT, y quienes no cuenten con RUC están obligados a inscribirse para poder cumplir con la exigencia.

Leé también: DNIT gestionó más de 1.200 expedientes de regularización tributaria hasta abril

Para De Maio, uno de los efectos más importantes de la resolución es que despeja la incertidumbre jurídica que frenaba el crecimiento del sector. El uso de criptomonedas en el comercio de frontera era una práctica extendida en Paraguay, pero operaba en una zona gris que generaba dudas incluso entre sus propios usuarios. “Antes estaba esto de, yo no sé si es legal, si es ilegal, porque siempre estaba esa duda. Esto nos viene a dar un marco de legalidad y nos da tranquilidad”, señaló la especialista.

Ese cambio de estatus no es menor. La certeza jurídica es precisamente lo que necesitan tanto los inversores internacionales que miran al país como los operadores locales que ya utilizan criptoactivos en sus transacciones diarias. Con la energía como ventaja competitiva natural —Paraguay es uno de los mayores productores hidroeléctricos per cápita del mundo—, el país tiene condiciones para atraer minería de criptomonedas, empresas de custodia de activos digitales y plataformas de intercambio.

Te puede interesar: Dólar a la baja: nuevamente cerca de los G. 6.000

Sin embargo, De Maio advirtió que la norma llega con vacíos de implementación que deben resolverse con urgencia. Aún no está definido el formulario oficial para la declaración, ni cómo se cruzarán los datos con el impuesto a la renta. También persiste la duda sobre qué ocurrirá cuando una de las partes de una operación declare y la otra no. A esto se suma un desafío técnico propio de la tecnología blockchain: el hash de cada transacción —el código único de 64 dígitos que funciona como comprobante— debe registrarse en el momento exacto de la operación, porque si no se captura entonces, no hay forma de recuperarlo. Esto implica que operaciones realizadas a comienzos de 2025, antes de que la normativa fuera de conocimiento público, podrían ser imposibles de documentar correctamente.

“Lo peor de todo esto es no saber. Al menos ahora sabemos cuáles son las consecuencias”, resumió De Maio, quien llamó a ver el vaso medio lleno: la resolución de la DNIT no es el destino, sino el punto de partida de una regulación que Paraguay necesita construir con solidez si quiere capitalizar su ventaja competitiva en el sector.