El proyecto de reforma que busca crear el código de defensa del consumidor prevé actualizar una legislación creada en 1998 para adaptarla a un mercado completamente distinto al de hace casi 30 años.

Así lo explicó al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media la titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, quien defendió la necesidad de modernizar las herramientas jurídicas frente al avance de las plataformas digitales, las redes sociales, la inteligencia artificial y los nuevos mecanismos de financiamiento.

Señaló que el mercado actual ya no se parece al existente cuando se aprobó la normativa vigente, por lo que muchas situaciones cotidianas quedaron sin regulación específica.

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“Hoy tenemos inteligencia artificial, plataformas digitales, publicidad en redes sociales y nuevas dinámicas comerciales que no existían en el año 98”, sostuvo Irún. Uno de los puntos centrales de la reforma apunta, justamente, al entorno digital.

En ese sentido, el nuevo proyecto incorpora reglas más claras para la publicidad en redes sociales, las ventas online y las relaciones de consumo dentro de plataformas digitales, sectores donde actualmente existen vacíos legales que generan conflictos frecuentes entre consumidores y proveedores.

Irún explicó además que gran parte de las nuevas disposiciones ya se vienen aplicando en la práctica mediante criterios administrativos y jurisprudencia, pero que ahora buscan quedar expresamente establecidas en la ley para dar mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto a consumidores como a empresas.

Otro de los capítulos que genera mayor debate es el relacionado con el sistema financiero y el denominado “préstamo responsable”. La propuesta establece que bancos, cooperativas y entidades financieras deberán informar y advertir con mayor claridad sobre las consecuencias de los créditos otorgados, especialmente en relación con la capacidad de pago y los riesgos de sobreendeudamiento.

Según detalló la ministra, la intención no es restringir el acceso al crédito, sino garantizar que el consumidor tome decisiones con información suficiente. Actualmente, explicó, muchas operaciones digitales se realizan de manera automática, con contratos extensos y condiciones poco comprendidas por los usuarios.

“El consumidor sigue teniendo la decisión final. Lo que buscamos es que entienda las consecuencias del crédito y que el proveedor también pueda demostrar que informó correctamente”, afirmó la titular de la Sedeco.

La reforma también incorpora herramientas inéditas en Paraguay, como las acciones colectivas, que permitirán agrupar reclamos de múltiples consumidores afectados por una misma situación. La medida apunta a evitar cientos de juicios individuales por montos pequeños y fortalecer la protección colectiva.

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