La industria de la construcción mantiene la expectativa puesta en la reglamentación del factoraje, mecanismo financiero que podría comenzar a destrabar parte de la deuda que el Estado arrastra con empresas contratistas.
Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) advierten que, aunque el gobierno inició desembolsos comprometidos para abril y mayo, la mora acumulada sigue siendo elevada y continúa golpeando la liquidez del sector.
El presidente del gremio, Paul Sarubbi, explicó que los pagos realizados hasta ahora apenas alcanzan para cubrir los nuevos certificados de obras emitidos mensualmente, sin lograr todavía una reducción sustancial del pasivo heredado.
Según detalló, el flujo mensual de certificados ronda entre USD 50 millones y USD 60 millones, por lo que gran parte de los USD 150 millones anunciados por el Ejecutivo para estos dos meses termina absorbiéndose en compromisos recientes y no en la deuda total.
Actualmente, las empresas constructoras reclaman alrededor de USD 350 millones pendientes, cifra a la que se suman intereses generados por retrasos en los pagos, estimados en unos USD 110 millones.
Esta situación obliga a muchas firmas a seguir financiándose con créditos privados para sostener obras, cumplir con proveedores y mantener empleos.
Ante este escenario, el sector considera urgente la implementación del factoraje, sistema mediante el cual bancos o entidades financieras podrán adquirir certificados de obras pendientes de cobro. La diferencia central del esquema propuesto es que los costos financieros ya no recaerían sobre las constructoras, sino que serían asumidos por el propio Estado.
Sarubbi señaló que este punto fue uno de los principales focos de discusión durante las negociaciones técnicas que actualmente lidera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con representantes de la banca privada, el Banco Central del Paraguay (BCP), la Abogacía del Tesoro y asesores jurídicos de los gremios.
No obstante, desde Cavialpa aclaran que el factoraje será apenas una herramienta de alivio y no una solución definitiva al problema estructural de financiamiento público. El dirigente recordó que el límite fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB) restringe fuertemente la capacidad de inversión estatal, especialmente en infraestructura.
Te puede interesar: Contrabando y caída del consumo golpean al mercado local de proteínas