La Cámara Paraguaya del Cuero (CPC) emitió un extenso comunicado en el cual pone de manifiesto su posición sobre las acusaciones de organizaciones internacionales. La agremiación rechaza las afirmaciones en su contra, brinda su apoyo a las empresas apuntadas en los informes y pone énfasis en la apertura para el escrutinio de sus mecanismos de trazabilidad.
En el primer punto del texto, indica que el país cuenta con herramientas de seguimiento, como es el caso del Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP), establecido por la Ley 7221/23, y el Sistema Nacional de Trazabilidad creado por el Decreto 1541/2024. A esta normativa se suma el Sistema de Trazabilidad Socioambiental del Paraguay (RETSA), mecanismo desarrollado en el marco del programa AL-INVEST Verde, financiado por la Unión Europea.
Contexto de competencia
Seguidamente, habla de las tres organizaciones que fueron las que levantaron la voz contra el cuero paraguayo. “No podemos dejar de señalar que las declaraciones de Survival International, las publicaciones de Global Witness y los informes de Earthsight –las tres organizaciones radicadas en Londres– se han concentrado en el mismo periodo, sobre los mismos actores de la cadena paraguaya del cuero, con el mismo efecto: presionar a los compradores europeos para que suspendan sus relaciones comerciales con Paraguay. En pocas palabras, impedir el desarrollo económico y social de nuestro país”, indica el comunicado.
En ese sentido, a la CPC le parece sospechoso que la cuestión se manifieste en concordancia con la entrada en vigor del Acuerdo Mercosur-Unión Europea el 1 de mayo de 2026. “La CPC no puede ignorar que existen intereses de competencia comercial que se benefician del retiro del cuero paraguayo de los mercados europeos, y que parte del financiamiento de estas organizaciones proviene de fondos con vínculos documentados con ese entorno”, agrega.
En un siguiente punto, la CPC asegura que reconoce los derechos del pueblo Ayoreo-Totobiegosode, pero aclara que el reclamo de los pueblos indígenas “no puede ser utilizado como instrumento de presión comercial por organizaciones externas que no asumen consecuencias económicas y sociales de sus acciones”.
Pedido a organismos del Estado
En las consideraciones finales, entre otras cosas, rechaza “las afirmaciones sin fundamentos técnicos sobre la ausencia de trazabilidad en la cadena del cuero paraguayo”; además, insta a tomar cartas en el asunto a organismos del Estado. “Observa con preocupación el patrón de actuación coordinada por las tres organizaciones mencionadas, y solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Industria y Comercio que activen los mecanismos diplomáticos y comunicacionales pertinentes para defender los intereses legítimos de la industria nacional”, plantea.
La CPC dio a conocer también su respaldo a las empresas locales que fueron mencionadas en los informes de Global Witness e “invita a los compradores europeos, a los medios de comunicación y a los organismos de la Unión Europea a verificar directamente los sistemas de trazabilidad disponibles”.
Finalmente, el gremio hace hincapié en su apertura al diálogo técnico, a las auditorías independientes y a la cooperación con los actores que actúen “de buena fe” y con rigor en las cadenas de valor responsables.