Antonella Mateu
La nueva ley del régimen de maquila en Paraguay (7.547/2025) marca un giro hacia la modernización del sistema productivo orientado a la exportación. La normativa incorpora mayor digitalización, criterios de control más estrictos y mecanismos de trazabilidad, con el objetivo de consolidar al país como un polo industrial competitivo en la región.
El lunes pasado el presidente de la República Santiago Peña firmó el decreto que reglamenta, implementa y desarrolla la nueva normativa.
El sector registra en los últimos años un crecimiento sostenido en cuanto a las exportaciones, cerrando el 2025 con envíos por USD 1.305 millones y para este año proyecta alcanzar USD 1.400 millones.
Las empresas maquiladoras emplean a más de 35.000 personas de manera directa y los envíos se concentran principalmente al Brasil, seguido por Argentina, Estados Unidos, Países Bajos, entre otros.
Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap), Jorge Bunchicoff, en conversación con La Nación/Nación Media valoró la medida como “un paso en la dirección correcta”, al señalar que aporta orden, previsibilidad y mayor seriedad al régimen.
No obstante, advirtió que la clave estará en la aplicación, puesto que si los nuevos criterios de inadmisibilidad se implementan con rigor técnico, pueden elevar la calidad de la inversión; si no, podrían derivar en burocracia innecesaria.
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Bunchicoff destacó que el inversor internacional prioriza tres factores: previsibilidad, logística y competitividad. En ese contexto, afirmó que Paraguay mantiene ventajas estructurales como energía competitiva y talento humano, aunque reconoció que aún persisten desafíos en infraestructura y tiempos operativos.
El viceministro de Industria, Javier Viveros, explicó que la reglamentación representa un avance hacia un modelo más ágil, digital y transparente. Según indicó, el objetivo es integrar mejor a las instituciones del Estado, reducir tiempos de gestión y fortalecer los mecanismos de control sin perder seguridad jurídica para las empresas ya instaladas.
Viveros remarcó que los criterios de inadmisibilidad no buscan frenar inversiones, sino orientarlas hacia proyectos con mayor valor agregado, generación de empleo calificado y transferencia de tecnología.
“Estamos llevando el régimen de maquila a su siguiente etapa”, afirmó a LN, destacando también el alineamiento del decreto con la estrategia industrial del país.
El Gobierno proyecta que esta modernización impulse sectores como autopartes, manufactura avanzada, dispositivos médicos y agroindustria con valor agregado. Además, estima que el régimen, que hoy supera los 35.000 empleos directos, podría alcanzar exportaciones cercanas a los USD 1.400 millones para 2026.
Por su parte, el analista financiero Stan Canova señaló a La Nación que el principal atractivo del régimen sigue siendo el esquema tributario, difícil de igualar en la región. Sin embargo, advirtió que el desafío central será acompañar este crecimiento con infraestructura vial y energética acorde a la llegada de grandes inversiones.
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Canova consideró que Paraguay tiene potencial no solo para consolidarse como hub industrial, sino también como un centro regional de servicios. A su criterio, la creación de empleo será uno de los impactos más relevantes del nuevo esquema, siempre que se sostenga la previsibilidad operativa.
No obstante, el analista alertó sobre posibles riesgos en la implementación, como la posibilidad de que los procesos no sean tan ágiles como se proyecta o que otros países de la región adopten medidas similares para retener inversiones.
El sector público como el privado coinciden en que la ley abre una etapa de mayor sofisticación productiva para Paraguay. El desafío, ahora, será convertir la promesa de eficiencia en resultados concretos en el terreno industrial.
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