La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) intensifica su estrategia contra el contrabando en 2026 con un enfoque más coordinado, tecnológico y focalizado, que busca fortalecer la trazabilidad, proteger la producción nacional y garantizar condiciones de competencia en el mercado, según explicó Miguel Caballero Contessi, de la Dirección de Anticontrabando, en conversación con La Nación/Nación Media.
La DNIT administra el sistema tributario interno y aduanero, recauda tributos vinculados al comercio exterior y fiscaliza el tránsito de mercancías en fronteras y aeropuertos. En ese marco, combina controles físicos con herramientas de gestión de riesgo, inteligencia y uso intensivo de tecnología, buscando equilibrar la fiscalización con la facilitación del comercio formal.
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Uno de los ejes operativos es la priorización de corredores de riesgo en pasos fronterizos y nodos logísticos. Para ello, se han instalado puestos de control fijos en puntos estratégicos como Vista Alegre (Villa Hayes), Km. 60 (Alto Paraná), Trinidad (Itapúa) y Hernandarias, además de unidades móviles en zonas como Pozo Colorado y Alberdi, que permiten una cobertura dinámica basada en inteligencia operativa.
Para este año, la institución apunta a reforzar los controles en zonas secundarias, donde suele consolidarse la distribución de mercaderías ilícitas, así como profundizar el trabajo interinstitucional con organismos como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el SENAVE y la Prefectura Naval, con el objetivo de sostener operativos conjuntos y permanentes.
En cuanto a los rubros más sensibles, Caballero Contessi señaló que el foco estará en productos frutihortícolas, alimentos (especialmente cárnicos, azúcar y aceite) y electrónicos como smartphones, debido a su alta rotación y su impacto directo en la producción y el comercio formal.
Desde el punto de vista legal, el contrabando es considerado delito de acción penal pública, con penas de hasta cinco años de prisión o multas, que pueden elevarse a entre cinco y diez años en casos agravados, como el ingreso de productos de origen animal o vegetal. No obstante, el funcionario subrayó que la efectividad de las sanciones depende no solo de su severidad, sino también de la capacidad de detección, incautación y trazabilidad.
Otro desafío estructural es la alta informalidad en la economía paraguaya, que alcanzó el 62,5 % en 2024, según datos del INE. Esta situación, explicó, genera condiciones propicias para la expansión del comercio ilícito, al dificultar el control, la documentación y el seguimiento de las mercaderías.
En ese sentido, el DNIT plantea que la lucha contra el contrabando no se limita a la incautación, sino que requiere avanzar en la formalización de la economía, el registro de operaciones y el cumplimiento tributario. Estas acciones forman parte del Plan Estratégico Institucional 2024–2029, que establece metas e indicadores para fortalecer el control y reducir el comercio ilegal en el país.