El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, afirmó que el anuncio del ajuste fiscal por parte del Gobierno confirma una situación que el sector ya venía advirtiendo, “la falta de recursos para cumplir con los pagos a proveedores del Estado”.
Sostuvo que la medida “oficializa” un escenario de atraso en los desembolsos, que afecta principalmente a constructoras y farmacéuticas. “Esto ya se veía venir. Hoy se reconoce que no hay dinero suficiente para honrar los compromisos”, expresó en Universo 970 AM/Nación Media.
En este contexto, el sector no descarta medidas de fuerza. Heisecke expuso que las constructoras advierten con tractorazos ante deuda del Estado, como forma de presión para exigir una solución al atraso en los pagos.
Leé también: Gasto social supera G. 5 billones y crece 8 % en el primer bimestre
El dirigente advirtió que el impacto no se limita a las grandes empresas, sino que se extiende a toda la cadena económica vinculada a la construcción. “No es solo el contratista principal. Detrás hay proveedores, pequeños negocios y trabajadores que dependen de estas obras”, señaló.
En ese sentido, alertó que entre 15.000 y 30.000 empleos podrían verse afectados si la situación se agrava.
Heisecke también cuestionó la falta de previsión por parte del Ejecutivo. A su criterio, una señal anticipada habría permitido a las empresas prepararse mejor y evitar el nivel actual de endeudamiento. Advirtió además que, de no establecerse un plan claro, la paralización de obras será inevitable.
En relación con las medidas anunciadas, expresó preocupación por la posibilidad de que no se reconozcan los intereses de la deuda. Recordó que estos están contemplados en los contratos firmados con instituciones públicas. “Los contratos incluyen intereses. No reconocerlos sería incumplir lo pactado”, afirmó.
Sobre la decisión de desacelerar la ejecución de obras, insistió en la necesidad de definiciones formales. Señaló que existen contratos vigentes con plazos y obligaciones que deben cumplirse, por lo que cualquier suspensión debe ser comunicada oficialmente. Estimó que entre 50 y 60 proyectos podrían verse afectados, especialmente aquellos con menor avance o sin financiamiento asegurado.
Finalmente, aclaró que el problema no es la inexistencia de recursos, sino las restricciones fiscales. Explicó que una parte importante de los fondos proviene de créditos de organismos multilaterales ya disponibles, pero cuya ejecución está limitada por el tope fiscal.