Gremios del sector productivo se pronunciaron en desacuerdo a la propuesta legislativa que plantea establecer un día de licencia remunerada por cumpleaños para trabajadores del sector privado y funcionarios públicos. Coincidieron en que si bien toda iniciativa orientada al bienestar de los trabajadores es valiosa, implicaría un aumento directo de los costos laborales para las empresas.
Desde el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) indicaron a La Nación/Nación Media que el sector productivo entiende la mirada humanitaria y de beneficio al ámbito de las mejores relaciones laborales, pero se irían imponiendo más cargas y más costos al sector.
“Si queremos seguir vendiendo un país de buenos costos, que sea efectivo, y diferenciado a otros países, no deberíamos evitar caer en medidas populistas que no van en favor del sector laboral y van haciendo que las empresas se alejen de esos mercados”, comentó Iván Dumot, titular del CIT.
Añadió que este año el Poder Ejecutivo dictó el decreto que determina una cantidad adicional de feriados, reservándose la posibilidad de hasta tres feriados más que se pueden definir. “Todo eso va con costos al sector productivo, son días laborales que el sector tiene que pagar”, comentó.
Por su parte, desde la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (Cispy) señalaron que este tipo de propuestas debe analizarse desde su impacto real sobre el funcionamiento de las empresas y sobre la generación de empleo, y podría evaluarse como una práctica voluntaria dentro de las empresas, no como obligación generalizada.
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La implementación obligatoria de un día adicional de licencia remunerada implicaría un aumento directo de los costos laborales para las empresas. “Además, en sectores industriales y productivos, donde existen procesos continuos y tareas altamente especializadas, la ausencia de trabajadores en determinados puestos puede afectar cadenas de producción completas”, explicaron.
Detallaron que en el sector industrial la falta temporal de mano de obra calificada para tareas específicas puede generar interrupciones o ineficiencias en procesos productivos. En otros sectores, particularmente en servicios o en operaciones con equipos reducidos, podría implicar paradas o dificultades operativas.
La Cispy aseguró que la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, muchas de ellas microempresas, que ya operan con estructuras muy ajustadas. “Para muchas de estas empresas, la incorporación de nuevas obligaciones laborales puede resultar difícil de cumplir en la práctica”, afirmaron.
Las prioridades deben estar enfocadas en generar más empleo formal, promover la formalización laboral y fortalecer la competitividad de las empresas. Asimismo, las políticas públicas deberían orientarse a incentivar la creación de puestos de trabajo y no a introducir medidas que, aunque sean bien intencionadas, puedan terminar desincentivando la formalización.
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