Los gremios de la construcción afirman que el sector atraviesa una doble realidad, ya que mientras el sector privado mantiene un repunte en los proyectos residenciales, corporativos e industriales, la infraestructura pública tiene una menor ejecución, por lo que consideran clave el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.
La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Asociación de Profesionales de la Construcción (AproCons) y la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei) coincidieron en que una reducción en la inversión pública podría profundizar la caída de las obras estatales, aumentar la deuda con contratistas y frenar la generación de empleo, en un momento en que la actividad privada sostiene gran parte de la dinámica económica.
El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, recordó que Paraguay arrastra una brecha de infraestructura cercana a los USD 30.000 millones, lo que requeriría al menos USD 2.000 millones anuales en inversiones para reducirla. Sin embargo, señaló que la meta de déficit fiscal del 1,5 % limita los recursos disponibles y golpea directamente a la construcción y su cadena de valor.
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“El Estado debe ser más eficiente año tras año, reducir gastos corrientes y así ganar mayor margen para invertir en infraestructura”, expresó.
Por su parte, el presidente de AproCons, Pablo Rivarola, coincidió en que la deuda acumulada del Estado con las constructoras repercute en toda la industria y alertó que el ajuste presupuestario previsto para el 2026 agravará esa situación.
Rivarola destacó que, pese a la contracción pública, el ámbito privado sigue mostrando dinamismo, con proyectos inmobiliarios de gran porte en el Gran Asunción y la incorporación de tecnologías que optimizan costos y calidad en las construcciones.
Desde Capadei, su presidente Raúl Constantino subrayó que el sector privado logró consolidar inversiones en proyectos residenciales, corporativos e industriales, pero enfrenta obstáculos que podrían enfriar su crecimiento.
“Por un lado está el sector de obra pública, con significativa reducción en las inversiones y dificultades para el cobro de deudas. Por otro, la construcción privada, que mantiene un crecimiento sostenido”, señaló.
Entre los principales desafíos mencionó la falta de créditos hipotecarios accesibles, la burocracia en los trámites y los controles al movimiento de capitales, factores que dificultan las operaciones y la atracción de compradores extranjeros.
Los gremios coincidieron en que el desafío del Gobierno será compatibilizar la disciplina fiscal con la necesidad de mantener la inversión en infraestructura pública. Sin medidas que equilibren ambos objetivos, advierten, el riesgo es un estancamiento que afecte tanto a la competitividad del país como al empleo que genera la construcción.
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