La Dirección General del Tesoro Público (DGTP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), inició hoy el proceso de desembolso de un total de G. 109.883 millones destinados al pago de compromisos con las empresas proveedoras y acreedoras del Estado.
El cronograma de transferencias se extiende desde este lunes 8 hasta el jueves 11 de setiembre, en cumplimiento con los registros procesados durante la primera semana del mes. Los pagos corresponden a las Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) ingresadas entre el lunes 1 y el viernes 4 de setiembre, todas bajo la Fuente de Financiamiento 10, correspondiente a “Recursos del Tesoro”.
Estos fondos provienen directamente de la recaudación del Estado, los cuales se orientan al cumplimiento de las obligaciones asumidas con los proveedores que abastecen de bienes y servicios a las instituciones públicas.
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Desde el MEF explicaron que el proceso de pagos se desarrolla de manera sostenida y conforme al orden de ingreso de las STR, garantizando así un flujo regular de desembolsos. Este mecanismo busca dar previsibilidad a las empresas contratistas del Estado, que dependen de la puntualidad en la ejecución de los pagos para mantener sus operaciones y planificar nuevas inversiones.
El calendario detallado de transferencias puede consultarse en el portal del MEF, en la sección de consulta ciudadana, además de estar disponible en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE). Estas plataformas permiten a los proveedores verificar la fecha en que se hará efectiva la acreditación de los recursos, lo cual aporta mayor transparencia al proceso de ejecución presupuestaria.
El cumplimiento de estos pagos reviste una importancia estratégica para la economía local, ya que dinamiza la cadena de proveedores vinculados al sector público. Cada desembolso no solo representa el cumplimiento de obligaciones estatales, sino que también impacta en la liquidez del mercado y en la circulación de capital en distintas áreas productivas.
Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, la certeza en el cobro por servicios prestados al Estado es clave para sostener empleos, cumplir con compromisos financieros propios y continuar participando en futuras licitaciones.
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