La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) manifestó su postura respecto al levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa, advirtiendo que no es negociable, ya que es la única garantía para varios pilares con los que hoy cuenta Paraguay.

Desde la Appec sostenemos con firmeza: la vacunación contra la aftosa no es negociable. Es la única garantía de: seguridad sanitaria, estabilidad económica, confianza en los mercados internacionales. Vacunar es proteger a la ganadería. Vacunar es cuidar al Paraguay”, indicaron.

El gremio rememoró el brote de fiebre aftosa y que estamos por cumplir 15 años libres de la enfermedad gracias a una política sanitaria responsable mediante la vacunación. “La historia ya lo demostró: En 2011, tras un brote de aftosa, el precio del novillo cayó casi un 40 % en pocos días”, mencionaron.

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Argumentaron que aquello significó pérdidas millonarias para miles de productores paraguayos. “Un nuevo brote podría costar más de 1.000 millones de dólares al sector productivo. Y el único que asume ese riesgo es el productor”, agregaron.

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Nota al Senacsa

Junto al Consorcio de Ganaderos Para Experimentación Agropecuaria (CEA) fue enviada una nota oficial al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) el pasado 21 de agosto en la que expresaron su preocupación ante la insistencia del organismo por levantar la vacunación contra la fiebre aftosa en el ganado vacuno de Paraguay.

No existe evidencia concreta que respalde la supuesta ventaja que este levantamiento generaría en términos de competitividad o acceso a nuevos mercados“, mencionaron. Como ejemplo, detallaron que países como Uruguay continúan exportando carne con vacunación a mercados de alta exigencia, como Japón.

Advirtieron además que el productor pecuario es el eslabón más vulnerable ante un eventual brote, enfrentando no solo riesgos sanitarios, sino también económicos que podrían revertir años de progreso en la recuperación del hato ganadero.

Solicitaron una ampliación del plazo para analizar y responder al plan estratégico presentado por Senacsa, pidiendo extenderlo hasta el 30 de octubre de 2025. Los gremios exhortaron a reflexionar sobre las consecuencias que tendría promover el levantamiento de la vacunación, advirtiendo que la responsabilidad de un eventual perjuicio recaería directamente sobre dicha institución.

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