Esta mañana, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de sus representantes jurídicos, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de certeza constitucional, en salvaguarda de la Ley 5.102, de Alianza Público Privada.
El MOPC, mediante este documento, ratifica que el proceso de licitación para la modernización del Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, bajo el régimen de la Ley de Alianza Público Privada (APP), se lleva adelante con transparencia, dentro del más absoluto respeto a las normas legales que rigen la materia, por lo que no corresponde la cancelación recomendada por la Contraloría General de la República (CGR).
“La acción de certeza constitucional pretende que la Corte Suprema de Justicia, como máxima instancia judicial, determine a ciencia cierta si el actuar de la Contraloría General en relación a la licitación del Aeropuerto Internacional se ajusta o no a las competencias que le otorgan las leyes”, señala el comunicado.
El MOPC sostiene que la Contraloría General se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones y con ello ha socavado todo un procedimiento establecido para un concurso de APP en la propia Ley 5.102, en el decreto reglamentario y en las demás leyes que hacen al universo jurídico en esta materia.
El pasado viernes 27 de octubre, la cartera de obras desistió de la acción judicial presentada el 10 de julio del corriente año ante el Tribunal de Cuentas, considerando que era la decisión adecuada en vista de que el proceso administrativo es muy largo y no se condice con la necesidad de tener una posición jurídica definitiva en plazos que vayan de la mano con el proceso licitatorio.
El MOPC sostiene que las acciones judiciales se fundan exclusivamente en la violación al principio de legalidad en que incurrió la Contraloría General de la República al extralimitarse en sus competencias legales, al emitir recomendaciones sobre aspectos de alta especialidad técnica, arribando a conclusiones que exceden su competencia y recomendando hasta asuntos de ingeniería.
El margen de actuación de la Contraloría General debe enmarcarse estrictamente en las actividades económicas y financieras del Estado.