- Bogotá, Colombia. AFP
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades ayer sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín ayer sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición, además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas.
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Comitiva fiscal allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Este martes, una comitiva de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa, en el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de jefe comunal Ysidro Rivas Román, padre del senador Hernán Rivas.
El jefe comunal fue denunciado por un grupo de concejales el 2 de junio del 2023, tras rechazar el balance de rendición de cuentas de la administración de Rivas Román, perteneciente al 2022. Las supuestas irregularidades guardan relación con adjudicaciones y construcción de obras públicas.
También se impulsan allanamientos en sedes de las firmas privadas presuntamente involucradas en las millonarias adjudicaciones. El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Natalia Fúster, Luis Said y Verónica Valdez.
El dirigente político se encuentra denunciado por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Según refiere la denuncia presentada por la Junta Municipal de la citada localidad, existiría un perjuicio de G. 1.333.516.215.
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Los agentes buscan recolectar evidencias y documentación que permitan esclarecer los hechos denunciados. “Tenemos sospechas que los documentos y las declaraciones son totalmente falsas”, manifestaron los ediles en la acusación al sostener que las obras municipales habrían terminado siendo realizadas con las maquinarias y personal de la municipalidad.
Durante el procedimiento se lograron incautar varios documentos relacionados con la investigación, como lo son los contratos de servicios para la construcción de puentes, mantenimiento de caminos y otros del año 2022, con las empresas Delgado Neher S.R.L. y Marcio de Andrade, informaron desde el departamento de prensa del Ministerio Público.
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Distinguieron a fiscales por su labor en caso de corrupción durante la era Abdo
Los fiscales de la Unidad Especialidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Luz Guerrero recibieron un reconocimiento público por parte de la sociedad civil por los resultados logrados en el caso de corrupción con agua tónica en Petróleos Paraguayos (Petropar), que generó un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000 al ente, durante la pandemia de covid-19.
El reconocimiento fue concretado en la primera jornada de rendición de cuentas en la Lucha contra la Corrupción, denominada “Casos emblemáticos y buenas prácticas de investigación penal”, impulsada por el Ministerio Público con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los resultados obtenidos en la persecución de hechos de corrupción.
La actividad fue desarrollada ayer martes con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), y la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio Público.
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Antecedentes
Mediante la gestión investigativa de los citados agentes, el Ministerio Público logró que la justicia condene con 4 años de prisión por lesión de confianza a Patricia Samudio, extitular de Petropar, y del primer anillo del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. En la misma causa también fue condenado su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
De acuerdo a la acusación fiscal, ambos delincuentes formaban parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las firmas proveedoras del sector privado y terceras personas.
Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo del 2020.
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Funcionarios de la era Abdo, en la mira
La Contraloría General de la República tiene en la mira a unos 2.000 exfuncionarios y autoridades del gobierno anterior, a quienes prevé investigar a través de sus declaraciones juradas de bienes, según una publicación del portal digital Hoy.com.py El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, indicó que, por pedido de la Cámara de Senadores, impulsan una serie de investigaciones a funcionarios del anterior gobierno.
Unos 2.000 funcionarios públicos que ocuparon cargos en la era de Mario Abdo Benítez están en la lista remitida por el Senado para efectuar exámenes de correspondencia, indicó al canal GEN. El mismo aclaró que dichas investigaciones se realizan de manera progresiva, puesto que se trata de una cantidad considerable y, a la par, deben atender los pedidos de la Fiscalía y los juzgados.
Torres destacó que están trabajando de cerca con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para acceder a los datos contenidos en las bases de datos de las instituciones públicas, a fin de avanzar con estos análisis. El examen de correspondencia es el cotejo de todas las declaraciones juradas presentadas por personas que ejercen algún tipo de cargo en la administración pública, de manera a analizar si el patrimonio condice con los ingresos declarados.
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Junta de Calificaciones aprobó traslado y rotaciones en el servicio administrativo
La Junta de Calificaciones del servicio administrativo y técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobó este martes las rotaciones y los traslados de los funcionarios pertenecientes a este escalafón diplomático. Así también, felicitaron la participación de los funcionarios en el proceso de postulación.
Durante la sesión, encabezada por el canciller nacional y presidente de la Junta de Calificaciones, Rubén Ramírez Lezcano, informó que anticipadamente se cumplió con el mandato establecido en la Ley N° 6.935/2022 y en febrero pasado todos los funcionarios del escalafón administrativo y técnico del servicio local recibieron el beneficio del sueldo por categoría.
El canciller nacional destacó además que la cantidad de postulantes permitió analizar los perfiles y priorizar las necesidades institucionales. “No ha sido fácil la tarea de selección para la propuesta que llevamos a consideración de la Junta, pero el mecanismo es importante porque permite la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera”, expresó el ministro.
Participaron además de la sesión de la Junta de Calificaciones sus miembros: el diputado Juan Manuel Añazco Vera; el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Juan Alberto Baiardi; el director general de la Academia Diplomática y Consular, Ricardo Scavone; el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Asunción, Luis Enrique Chase Plate; el representante del Escalafón del Servicio Administrativo y Técnico, Enrique Ramírez, y la secretaria general, Kuni Hashimoto.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, Gustavo Leite, comunicó sobre su ausencia en la deliberación.