Barcelona, España. AFP.

El Parlamento de Cata­luña declaró este vier­nes la independen­cia, decisión rechazada por la comunidad internacional, y el Estado central empezó rápidamente a tomar medi­das para atajar el desafío, un choque sin precedentes en la historia democrática de España. El gobierno "res­taurará la legalidad" en Cata­luña, declaró el presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, que logró del Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitu­ción, que le extiende poderes extraordinarios para preser­var la unidad del país.

Rajoy encabezó un con­sejo de ministros extraor­dinario a las 18:00 (16:00 GMT) para detallar las pri­meras medidas, que, advir­tió, pasarán por la destitu­ción del gobierno regional catalán y la intervención del Parlamento, entre otras decisiones. Lafiscalía gene­ral anunció una querella la semana que viene contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, de 54 años, por "rebelión", un delito pasible con hasta 30 años de cárcel.

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Puigdemont. La fiscalía general española anunció una querella contra él por presunta rebelión, pasible de hasta 30 años de prisión.

La extraordinaria jornada fue la culminación de un largo y agotador pulso de varios años entre Madrid y Barcelona. El pulso se inició en plena recesión económica en España, a partir del 2010, aunado con las históricas rei­vindicaciones de más autogo­bierno del nacionalismo cata­lán, que se fue radicalizando progresivamente. Esa radi­calización, sin embargo, ha causado una profunda divi­sión en la sociedad catalana.

La fractura apareció clara­mente en el propio hemiciclo del Parlamento, donde una mayoría nacionalista aprobó la solemne declaración con la ausencia de la oposición.

La declaración fue celebrada con alegría, abrazos y champán por miles de personas reunidas cerca del Parlamento de Cataluña, ayer.

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