Barcelona, España. AFP.
Miles de catalanes tomaron las calles ayer tras la detención de 14 miembros del gobierno de esta región que busca organizar un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia, mientras el presidente catalán acusó a Madrid de imponer de facto un estado de excepción.
En el centro de Barcelona, se concentraron miles de personas. "Fuera las fuerzas de ocupación" y "votaremos", se escuchaba en la manifestación.
Durante la jornada, catorce funcionarios del gobierno catalán fueron detenidos. Entre ellos figura Josep María Jove, número dos de la vicepresidencia regional, señaló un portavoz del Ejecutivo regional. Son sospechosos de delitos de "desobediencia, prevaricación y malversación", informó la Corte Superior de Justicia de Cataluña.
Con sus acciones, el Estado español ha "impuesto de facto un estado de excepción", denunció el presidente catalán, el independentista Carles Puigdemont, quien insistió en convocar a los catalanes a votar en la consulta "frente a un régimen represivo e intimidatorio".
El Ejecutivo catalán reiteró así su convicción de realizar el referéndum el 1 de octubre, pese a prohibirlo el Tribunal Constitucional, que había advertido a un millar de altos cargos no organizarlo ante el peligro de exponerse a consecuencias judiciales.
El gobierno central "está cumpliendo con su obligación" dijo el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. La Guardia Civil confiscó millones de papeletas de votación para el referéndum. En paralelo, el Ministerio de Hacienda congeló las cuentas del Ejecutivo catalán.