Estados Unidos anunció el martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y otro alto magistrado, en el marco de su campaña contra esta institución a la que acusa de estar “politizada”. Esta corte procesa a acusados de las atrocidades más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas.
La CPI rápidamente condenó la decisión y en un comunicado dijo que esas sanciones “socavan el Estado de derecho”. El gobierno japonés, el mayor financiador de la CPI y estrecho aliado de Estados Unidos, condenó también la medida, que calificó de “muy desafortunada”. El otro sancionado es el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la CPI.
“Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” de ese tribunal, declaró en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio. “Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo”, respondió el tribunal con sede en La Haya.
La Casa Blanca ha impuesto sanciones -con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en el país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, un aliado clave de Washington.
La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, todos ellos asesinados.
Washington lanzó una ofensiva diplomática contra la CPI hace un mes, al acusarla de “amenazar” a estadounidenses.
En un mensaje en X el martes, Netanyahu aplaudió las sanciones y calificó a la CPI como un tribunal “que disfraza su abuso de poder con el lenguaje del derecho internacional”.
El gobierno de Países Bajos, donde tiene sede la CPI, dijo que “desaprueba” las sanciones.
“Los tribunales y cortes internacionales deben poder llevar a cabo libremente sus mandatos”, escribió en X Tom Berendsen, ministro de Asuntos Exteriores neerlandés.
Chad y Venezuela -ahora un país cercano a Washington tras la captura del expresidente Nicolás Maduro- anunciaron su intención de dejar la CPI. Rubio expresó su confianza en que otros países hagan lo mismo.
Estados Unidos firmó, pero no ratificó el Estatuto de Roma, que creó la CPI en 2002.
“Inquebrantable”
“La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía”, añadió Rubio en el comunicado.
Pero el tribunal aseguró que continúa “inquebrantable”.
Sin embargo, los choques de la CPI no han sido solo con Estados Unidos.
La jueza Akane, de 70 años, emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Moscú respondió con sus propias órdenes de detención contra altos funcionarios de la CPI.
Entre estas órdenes figuraba la jueza Akane, elegida presidenta del tribunal en marzo de 2024.
“Aunque un juez muera, es fácil reemplazarnos, así que en realidad no tiene sentido que nos tomen como objetivo”, había dicho la magistrada tras el anuncio ruso.
En Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos han tomado acciones legales contra las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump a la Corte.
En una demanda presentada en Nueva York, cuatro organizaciones, incluida Human Rights Watch, aseguraron que las sanciones deben anularse porque, argumentan, violan entre otras cosas el derecho a la libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense.
Fuente: AFP.