Amnistía Internacional (AI) pidió ayer jueves a la comunidad internacional elevar la presión contra una reforma en Nicaragua que excluirá a la oposición de las elecciones. La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Constitución solicitados por el presidente Daniel Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.

AI “solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho (a elegir) como una decisión soberana de carácter interno”, planteó la organización en un comunicado. Además, insta a que planteen la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, y que exijan que “Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente”.

La “reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

El exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.

Según el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, la Constitución establecerá que “no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos (...) los golpistas” y “los que hayan incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”.

También excluirá a “los traidores a la Patria” y a quienes “viven pidiendo intervención militar”, que “aplauden y piden sanciones para todos nosotros”, agregó. La reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años “prorrogables”, lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones. El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.

La Unión Europea exhortó el sábado a Nicaragua a convocar elecciones “de conformidad con las normas internacionales” después de que el copresidente del país, Daniel Ortega, impulsara una reforma para impedir la participación de opositores en los comicios. El Congreso nicaragüense, controlado por partidarios de la dupla presidencial, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, anunció el miércoles que redactará un paquete de reformas que votará en agosto para que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los comicios, dijo el jefe del legislativo, Gustavo Porras, en referencia a la oposición.

“Instamos a las autoridades a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”, dijo en un comunicado la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

Kallas, en nombre de los 27 países del bloque europeo, insistió en “la condena de la represión sistémica”, por parte de Ortega, quien acumula casi dos décadas en el poder, y le pidió" diálogo entre el régimen y la oposición" para llevar adelante cualquier tipo de reforma electoral.

Managua anunció el viernes que explicará a los diplomáticos extranjeros los puntos de esta reforma, después de una oleada de críticas contra el gobierno por su iniciativa.

Aun así, el Ministerio de Exteriores nicaragüense respondió el sábado con dureza a la petición de la UE, que calificó como “injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial”.

“No somos vasallos de nadie”, añadió. Nicaragua debía ir elecciones generales el próximo noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.

Fuente: AFP.