El gobierno de Nicaragua rompió el jueves relaciones con Italia ante críticas de ese país porque da refugio desde hace décadas a un exmilitante de las Brigadas Rojas condenado por el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978. El canciller italiano, Antonio Tajani, rechazó el miércoles que el gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo siga albergando a Alessio Casimirri, sentenciado a seis cadenas perpetuas por el secuestro y ejecución del estadista italiano.

“Rompemos toda relación diplomática con el gobierno de Italia” por las “injustificadas, agresivas e irresponsables” declaraciones del canciller Tajani sobre el caso, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense en un comunicado. Tajani se refirió al tema el miércoles en Madrid, durante un foro de líderes conservadores de Europa e Iberoamérica.

“No compartimos nada con la visión de gobiernos extremistas como el de Nicaragua, país que da protección a peligrosos terroristas (...) como Alessio Casimiri, que mató a Aldo Moro, uno de los más importantes políticos cristiano demócratas de Italia”, afirmó el canciller en su discurso.

“Este señor vive en libertad en Nicaragua, esto es inaceptable para nosotros”, añadió Tajani, quien anunció que Italia “seguirá exigiendo que Casimirri responda ante la justicia por los delitos de los que ha sido declarado culpable, tal como ya se ha solicitado en una resolución del Parlamento Europeo”.

El gobierno nicaragüense consideró que el canciller italiano había “insultado” con “arrogancia europea” las normas de respeto entre los “pueblos y gobiernos”.

Casimirri, de 74 años, fue condenado junto con casi una veintena de personas, la mayoría de ellas en libertad, por el crimen de Moro, que conmocionó a Italia. En 2004 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua rechazó una solicitud de extradición del gobierno italiano. Casimirri llegó a Nicaragua en 1983 y cinco años después obtuvo la nacionalidad nicaragüense, concedida durante la primera presidencia de Ortega, un exguerrillero izquierdista que volvió al poder en 2007 y desde entonces gobierna el país con mano dura.

El gobierno nicaragüense, al que Estados Unidos tilda de “dictadura”, ha mantenido roces con otros países por albergar a prófugos de la justicia como el expresidente panameño Ricardo Martinelli y el exjefe colombiano de inteligencia Carlos Ramón González, ambos acusados de corrupción.

Martinelli está asilado ahora en Colombia. Managua también concedió asilo al expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, señalado de varios delitos y fallecido el año pasado en Managua.

En los últimos años, el país centroamericano ha roto relaciones además con Taiwán, Países Bajos, Ecuador e Israel, y ha amenazado con cortar los vínculos con el Vaticano, en medio de denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos y persecución a opositores forzados al exilio.

En 2023 el papa Francisco, fallecido el año pasado, tildó al gobierno de Ortega y Murillo de “dictadura grosera”. En tanto, a inicios de 2026 España expulsó al embajador nicaragüense en reciprocidad por una decisión similar del gobierno de Ortega.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó ayer jueves a Nicaragua para que dé noticias sobre el paradero del obispo emérito Abelardo Mata, crítico con el gobierno. Mata, de 80 años de edad, fue detenido el 29 de junio junto a otros cargos eclesiásticos, y oficialmente liberado el 4 de julio.

“Si bien el 4 de julio el Ministerio del Interior informó que el obispo estaba bajo ‘indagación’, hasta la fecha no existe información independiente que permita verificar su paradero o estado de salud, lo que reviste especial gravedad debido a su edad y a condiciones preexistentes de salud”, alertó la CIDH.

La CIDH cuenta con un mecanismo especial de seguimiento a Nicaragua, uno de los países de América Latina con peores índices en materia de respeto a los derechos humanos.

Ese mecanismo también recibió quejas sobre el “grave asedio, hostigamiento, vigilancia y otras represalias” contra Jeffer Chavarria, que representa al obispo Mata ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“La CIDH condena el empleo del ocultamiento de la suerte de las personas detenidas arbitrariamente como uno de los patrones más graves de la represión, que viene siendo utilizado por el régimen para silenciar voces críticas”, explicó el comunicado. El organismo regional recuerda que desde 2018 “ha documentado un patrón sistemático de afectaciones contra obispos, sacerdotes, personas religiosas y laicas” en Nicaragua.

Fuente: AFP.