La justicia de Bolivia anuló ayer viernes las órdenes de captura que pesaban sobre dos líderes sindicales que alientan las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, informó a la AFP la Central Obrera Boliviana (COB).

Obreros y campesinos que exigen una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas y la renuncia del mandatario de centroderecha, con sólo seis meses en el poder, se han negado hasta ahora a dialogar con el gobierno. Una de sus condiciones era precisamente la revocatoria de los mandatos de detención.

Con bloqueos de carreteras, los manifestantes cercan a La Paz, donde se ha disparado la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. “El día de hoy se ha llevado una audiencia” en la que los jueces “han determinado levantar la orden de aprehensión en contra” de Mario Argollo, jefe de la COB, principal organización obrera de Bolivia, dijo Gabriel Mena, secretario de comunicación de la institución.

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La medida también cobija a Vicente Salazar, líder de los campesinos aimaras conocidos como Ponchos Rojos, precisó. Sus capturas fueron ordenadas por la Fiscalía, que los denunció por supuestamente instigar fuertes protestas en La Paz que terminaron en disturbios. Fuentes del Ministerio Público confirmaron a la AFP la decisión judicial.

Ayer viernes se reportaron más de 70 tomas de autopistas en el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, una veintena más que a inicios de semana. Durante un acto público el miércoles, Paz invitó “por última vez” a negociar a los principales sindicatos obreros y campesinos. “Si no quieren dialogar, entonces viene la ley”, dijo.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor de Paz, instaló esta semana una comisión de diálogo con representantes del gobierno, del parlamento, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo. Los obreros y campesinos no asistieron a ninguna sesión.

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Argollo dijo este viernes en un video difundido por medios locales, que “las bases” de la COB decidirán si el sindicato conversará o no con el gobierno. Un congreso obrero se realizará este sábado para debatir esa posibilidad. El gobierno de Rodrigo Paz denuncia un supuesto intento de “alterar el orden democrático”. Acusa al exmandatario Evo Morales, prófugo por un presunto caso de trata de una menor, de estar detrás.

Fuente: AFP