Un alto cargo del ministerio de Transportes español, responsable de la gestión de los puertos, se convirtió en el primer funcionario cesado por el caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19. “No he hablado con él. Es un cese”, explicó este miércoles a la prensa el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre este funcionario, Álvaro Sánchez Manzanares, hasta ahora secretario general de la entidad Puertos del Estado.

Relevado ahora de sus funciones, este alto funcionario es la primera víctima directa del caso de corrupción en el que está sumido el gobernante Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez desde hace dos semanas. El “caso Koldo”, llamado así por su principal protagonista, Koldo García, estalló el 21 de febrero con la detención de este hombre de confianza de José Luis Ábalos, ex ministro socialista de Transportes y cercano al presidente del Gobierno hasta 2021.

La justicia sospecha que Koldo García se enriqueció recibiendo comisiones ilegales por contratos de venta de mascarillas a diversas administraciones públicas en plena pandemia del Covid-19, entre marzo y junio de 2020. Sánchez Manzanares gestionó la compra de ocho millones de mascarillas por veinte millones de euros a la pequeña empresa en el centro del caso Koldo. “La Oficina Antifraude remitió a Puertos del Estado en su momento una solicitud de información” sobre la compra, y el secretario general de la entidad no fue “honesto con los hechos”, narró Puente.

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La derecha ha elevado el tono contra el gobierno del socialista Pedro Sánchez por un escándalo de corrupción por la venta de mascarillas durante la pandemia de covid, llegando a exigir la renuncia de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. La jefa del Congreso, tercera autoridad del Estado, tuvo que ofrecer este martes una rueda de prensa para proclamar su inocencia y afirmar que no dejará el cargo.

El escándalo estalló el 21 de febrero, cuando fue arrestado Koldo García, persona de la máxima confianza de José Luis Ábalos, ministro de Transportes hasta 2021 y quien por años fuera parte del círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Por el caso también fueron detenidas 18 personas además de la pareja y el hermano de Koldo García, quien está acusado de estar en el centro de un esquema que generó al menos 9,5 millones de euros en comisiones ocultas en contratos de venta de mascarillas por 53 millones de euros a la administración pública durante la crisis sanitaria. Desde entonces, los periódicos, sobre todo los de derecha, publican a diario en sus portadas noticias relacionadas con el bautizado como “caso Koldo”.

El gobierno de izquierda ha pasado a la defensiva ante las críticas cada vez más fuertes de la derecha. El Partido Socialista expulsó de sus filas a José Luis Ábalos, todavía diputado en el Congreso, quien rehusó dimitir alegando no tener cargos en su contra.

Poco después, un juez calificó a Ábalos de “intermediario” de la trama. El Partido Popular (PP, conservador), principal formación de oposición, no quedó satisfecho y cargó directamente contra Sánchez. “Usted lo sabía y lo tapó”, le dijo a Sánchez la semana pasada en el Congreso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia a que el presidente del gobierno lo relevó como ministro en 2021, sin haber explicado hasta ahora la razón.

El PP también aprovecha otras vías abiertas por la investigación, principalmente los contratos firmados durante la pandemia con la empresa en el centro de la trama por dos gobiernos regionales, de Baleares y Canarias, entonces en manos socialistas. Canarias estaba dirigida por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, y Baleares por la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol.

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El PP exigió el lunes la renuncia de Armengol, criticando que el gobierno que lideraba haya adjudicado un contrato millonario a una empresa desconocida que, además, terminó entregando mascarillas de peor calidad que aquellas establecidas en el acuerdo. “Jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie (...) para que contraten a una empresa o a otra”, aseguró este martes Armengol, quien agregó: “Yo no estoy investigada, ni yo, ni nadie en mi gobierno, y no salimos en el sumario” judicial.

En respuesta, el PP insistió, en boca de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado: “La señora Armengol, por higiene democrática, debería renunciar a su cargo lo antes posible”. Complicando el asunto, la Fiscalía de la Unión Europea anunció el lunes que investigará los contratos firmados por Baleares y Canarias, ya que las mascarillas habrían sido compradas con dinero de los fondos europeos de recuperación poscovid.

Según medios españoles, será cesado el secretario general de la entidad pública que gestiona los puertos, Álvaro Sánchez Manzanares, que encargó mascarillas por 20 millones de euros a la empresa en el centro de la trama. El escándalo es particularmente delicado para Pedro Sánchez, quien llegó al poder a mediados de 2018 gracias a una moción de censura contra la derecha, debilitada por un caso de corrupción, y quien ha hecho de la integridad y la transparencia sus pilares.

Fuente: AFP.