Buenos Aires, Argentina | AFP.
La justicia argentina inició el miércoles un nuevo proceso de extradición a Chile del activista mapuche Facundo Jones Huala por el incendio en ese país de una propiedad en medio de una protesta, acusación que organismos humanitarios consideran una “persecución política”.
A la audiencia asistió la líder de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien dijo al entrar que “hay una persecución contra el pueblo mapuche”.
Jones Huala, de 31 años y nacionalidad argentina, conduce una pequeña agrupación indigenista que organiza manifestaciones por demandas de tierras en el sur de Argentina.
Una de esas protestas en 2017 derivó en incidentes con la policía y en la muerte del militante Santiago Maldonado.
Pero el jefe mapuche es acusado por la justicia chilena de haber participado de un incendio en una propiedad cerca de Valdivia (sur) en 2013. Hubo aquel año una serie de atentados y protestas cuando se rendía homenaje a un mapuche muerto por carabineros en una ocupación ilegal en 2008.
“Nos persiguen por piedrazos y me acusan de destruir una propiedad, pero nuestras demandas están tan dentro de la ley que tienen rango constitucional”, dijo el acusado.
En 2016, un juez rechazó el pedido de extradición a Chile. En aquel proceso, Jones Huala estuvo acompañado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Pero aquella medida absolutoria fue apelada y ahora quedó en manos de otro magistrado ante el cual compareció Jones Huala este miércoles en un gimnasio de la ciudad de Bariloche, a unos 1.800 km al sudoeste, en medio de turísticos bosques y lagos.
Dirigentes de derechos humanos fueron autorizados a ingresar a la audiencia este miércoles junto con 23 familiares del activista.
Armas artesanales
En Chile, un tribunal de Valdivia dejó en libertad en 2014 a otros acusados por el incendio. No hubo pruebas para vincularlos al delito. Pero dictó prisión contra una encubridora.
A Jones Huala se lo acusa de tenencia de armas artesanales y municiones, incendio e ingreso ilegal al país.
El juicio contra el activista requiere una decisión del magistrado la semana próxima. Si el fallo es favorable a la extradición, el caso será girado a la Corte Suprema y luego a la cancillería, en un proceso que puede durar entre cinco meses y tres años, según fuentes judiciales.
“Somos el pueblo mapuche confrontando a un poder capitalista que tiene miedo, más allá de un sabotaje, porque podemos influir en otros pueblos y sectores sociales”, dijo Jones Huala.
Tierras de Benetton
“Esto es una persecución política de ambos Estados, argentino y chileno, sin respeto de garantías jurídicas”, dijo a la prensa Jones Huala. Un predio ocupado por la comunidad Pu Lof en la cercana localidad de Cushamen (1.800 km al sudoeste de Buenos Aires) está en poder del magnate italiano Luciano Benetton.
La Pu Lof de Cushamen fue escenario de un violento allanamiento policial en agosto del año pasado.
En medio de los disparos de la gendarmería (policía militarizada) y la huida de las familias ocupantes del predio desapareció Santiago Maldonado, de profesión tatuador y activista social de 28 años. Apareció ahogado 81 días después en un río que atraviesa la comunidad, en un hecho que aún se investiga.
Rafael Nahuel, un mapuche de 22 años, fue muerto a balazos por la espalda, según la autopsia oficial, en noviembre de 2017, en otro operativo de policías militarizados para desalojar a ocupantes de un predio cerca de Bariloche.
Severa custodia policial
Jones Huala fue llevado hasta el gimnasio en medio de severas medidas de seguridad con carros de asalto para impedir manifestaciones. Lo trasladaron en helicóptero desde la patagónica ciudad de Esquel, otro centro turístico en la precordillera de Los Andes.
En Argentina hay unas 120.000 personas que se reconocen descendientes directos de mapuches. Sólo unos 14.000 viven en comunidades, pero en su mayoría tienen derechos reconocidos y administran territorios. En Chile hay unos 700.000 mapuches, concentrados en sectores empobrecidos del sur del país.