En el marco del Mes Naranja, autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de diversas instituciones estatales mantuvieron una mesa de trabajo este lunes 2 de noviembre para avanzar en la implementación de mecanismos electrónicos orientados a controlar el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección dictadas en causas de violencia familiar y doméstica. La jornada se llevó a cabo en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente del máximo tribunal, el doctor Alberto Martínez Simón, en compañía de la ministra doctora Carolina Llanes, enlace de la Oficina Técnica Penal. La iniciativa persigue afianzar la coordinación técnica y operativa que demanda la aplicación de dispositivos para supervisar restricciones de desplazamiento y prohibiciones de acercamiento resueltas por los órganos jurisdiccionales.
Durante la apertura de las deliberaciones, Martínez Simón remarcó el interés de la entidad judicial y recordó las conversaciones previas sostenidas con el ministro del Ministerio del Interior, Enrique Riera, y el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate. En tal sentido, enfatizó la trascendencia de disponer de recursos tecnológicos para “controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas judicialmente para las personas sujetas a medidas que deben cumplirse fuera de establecimientos penitenciarios”.
Control tecnológico avanzado
Asimismo, el titular de la magistratura subrayó que el empleo de herramientas digitales abre “alternativas de supervisión mediante tobilleras electrónicas y otras herramientas digitales”, ratificando la plena predisposición de la institución para acompañar las gestiones requeridas y habilitar los canales comunicacionales correspondientes con todos los organismos involucrados.
A su turno, la ministra Carolina Llanes refirió que la propuesta marcha en un tramo avanzado de concreción, destacando la necesidad de integrar tecnologías que faciliten verificar las disposiciones judiciales. La operatividad de estos dispositivos cuenta con respaldo en la Ley n.º 5863/2017, modificada por la Ley n.º 7270/2024, norma que norma el uso de instrumentos electrónicos de control para supuestos penales y esquemas de protección contra la violencia.
La reunión contó con la concurrencia de referentes del sistema público, entre ellos la titular del Ministerio de la Mujer, Alicia Pomata; el viceministro del MITIC, Juan Pablo Cosp; el defensor general del Ministerio de la Defensa Pública, doctor Javier Esquivel; el viceministro del Ministerio del Interior, Carlos Benítez; la fiscala adjunta del Ministerio Público, Gilda Villalba; el director del Sistema 911, Omar Cubas Fanego, además de magistrados de Paz, Sentencia, Ejecución y Garantías.