La Asociación de Rematadores del Paraguay, presidida por Atilio Estigarribia, solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión de la nueva acordada de la máxima instancia judicial. Dicha normativa pretende ampliar, sin un estudio previo, la cantidad de rematadores tanto en Asunción como en otras circunscripciones judiciales del país.
El gremio solicitó a los ministros la revisión de la Acordada N° 1747/2024, la cual regula el acceso a la matrícula de Rematador Público. La nucleación alega que la Corte intenta aumentar el número de matrículas en Asunción, Central y otros puntos del país sin contar con un análisis técnico sobre la cantidad de remates judiciales que se realizan de forma mensual, trimestral, semestral o anual.
En el escrito presentado ante los altos magistrados, el gremio pidió postergar por un plazo de 180 días corridos la aprobación de nuevos llamados a concursos públicos de oposición para el ingreso de rematadores. No obstante, aclararon que sí están de acuerdo con que se convoque a concurso para cubrir las vacancias actuales generadas por renuncia o fallecimiento de sus titulares.
En la nota se señala que no existe una evaluación cuantitativa ni cualitativa que determine las necesidades reales del servicio de subastas, así como tampoco la capacidad de supervisión en cada Circunscripción Judicial, motivo por el cual insisten en postergar la implementación de la referida acordada.
Otras solicitudes del gremio
Asimismo se pide por acordada que los jueces a nivel país hagan cumplir el art 167 del Código de Organización Judicial debido a que varios de los rematadores firman pagarés para que se publique en los diarios y sin argumentos los jueces en el interior y en Central suspenden los remates judiciales sin hacer cumplir la norma que es al suspenderse la subasta se debe cubrir los gastos de remate y esta situación no sucede lo que genera grandes deudas al rematador con las editoriales.
Solicitaron el dictado de una nueva acordada que ordene a los juzgados exigir la consignación de gastos y el 50 % de la comisión legal ante suspensiones de subastas solicitadas por las partes.
Remarcan la necesidad de obtener datos oficiales sobre el volumen de subastas realizadas, suspendidas y canceladas entre los años 2021 y 2026, además del número de asignaciones por profesional. Pidieron conformar un espacio de diálogo conjunto entre representantes del gremio y la CSJ para acompañar el análisis metodológico del sector.
Desde la asociación remarcan que el libre ingreso establecido en 2024 no se traduce automáticamente en una mayor cantidad de subastas efectivas, por lo que consideran imprescindible fundamentar el número de auxiliares de la Justicia en datos empíricos que garanticen condiciones materiales dignas para el ejercicio de la profesión.