Los directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA) se exponen a penas de hasta 10 años de prisión tras ser imputados por un presunto esquema de malversación que provocó un perjuicio patrimonial inicial de G. 1.990 millones. El fiscal Julio Ortiz confirmó la imputación de David Portillo, Humberto Rojas, Juan Vidal y Walter Cabrera, para quienes solicitó medidas cautelares urgentes, incluida la prohibición de acercarse a la sede de la entidad.
La causa penal surgió a partir de una auditoría de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), plasmada en un informe de 72 fojas elaborado por la perito contadora María Graciela Álvarez. El documento señala que la dirigencia justificó la erogación de cuantiosos recursos —provenientes de fondos sociales e intereses de Certificados de Depósito de Ahorro— en la supuesta adquisición de 2.400 canastas navideñas para sus asociados.
Sin embargo, las verificaciones de campo desnudaron la irregularidad al constatar que las facturas figuraban a nombre de «Despensa Gabrielito», un pequeño negocio familiar ubicado en Costa Sosa, Luque. Al ser abordados por la DINAPI, la propietaria del comercio y su esposo declararon que desconocían la existencia de APA, aclararon que no elaboraban canastas y negaron haber firmado contratos o participado en licitaciones.
Las investigaciones del Ministerio Público detectaron que los cheques emitidos a nombre del comercio eran efectivizados y resguardados en cajas internas de APA, para luego ser retirados por una gestora externa sin trazabilidad clara. «APA mintió al decir que contrató a esta empresa. Estamos rastreando el destino final de los G. 1.990 millones, ya que los directivos no están colaborando ni entregando la documentación», remarcó el fiscal Ortiz.
El agente fiscal, quien lleva el caso de forma conjunta con su colega Leonardi Guerrero, precisó que la conducta atribuida a los procesados se encuadra en la figura agravada de lesión de confianza (Artículo 192 del Código Penal). Esta tipificación jurídica considera la gravedad del daño patrimonial causado al patrimonio colectivo de la institución y contempla una expectativa de pena de hasta una década de encierro.
Ante la presunta falta de cooperación de los imputados, la representación fiscal no descarta la realización de allanamientos en la sede central ni la ejecución de peritajes contables complementarios. Las autoridades sospechan que la cifra del perjuicio financiero podría incrementarse de manera sustancial una vez que se acceda a la totalidad de los libros contables de la entidad.