Los fiscales Verónica Valdez y Christian Benítez imputaron al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado, Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de la causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías que comunique el pedido de desafuero del juez imputado a fin de que pueda ser sometido al proceso penal. Además, requirieron un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo de la investigación.
Te puede interesar: Detienen a una joven de 18 años por presunto proxenetismo en la Chacarita
Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles tenían medidas cautelares vigentes dictadas en el marco de dicha causa. Pese a ello, el magistrado habría dispuesto la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez habría aprobado la subasta y ordenado la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a que se encontraban vigentes las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.