- Ciudad del Este. Agencia regional
El funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Osvaldo Carísimo Bustamente y el personal del Área Naval del Este, Gumercindo Ramírez Achneider fueron acusados por el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de Ciudad del Este, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión corporal en el ejercicio de funciones y privación de libertad.
Los acusados habían sido imputados tras ser vistos en un video viralizado cuando agredieron a un adulto y a su hijo, un menor de 14 años en la cabecera del Puente de la Amistad. El fiscal pidió el juicio oral y público.
El hecho se había registrado el 14 de octubre de 2025, alrededor de las 16:20, en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este, durante un control de ingreso al país. En ese momento, un hombre mayor de edad y su hijo, de 14 años, circulaban a bordo de un automóvil Toyota Sienta, de color blanco, cuando fueron retenidos por los intervinientes para una verificación.
Durante la verificación se produjo un forcejeo, momento en que el funcionario citado habría utilizado la fuerza para intentar sacar al conductor del habitáculo.
El adolescente quiso defender a su padre y, según el relato fiscal, fue sujetado del cuello, golpeado en la cabeza, a la altura del oído, y tomado del cabello.
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La acusación también sostiene que el funcionario de la DNIT ingresó al vehículo por el lado del acompañante y habría actuado con violencia para sacar al conductor del rodado. El procedimiento fue grabado y divulgado en redes sociales.
Tras el procedimiento a cargo del personal de la Aduana y de la Marina, el conductor fue aprehendido y trasladado hasta la sede del Área Naval, donde permaneció privado de su libertad hasta aproximadamente las 21:00.
La conducta atribuida al funcionario de la DNIT fue calificada como lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, mientras que al agente de la Marina se le atribuye lesión corporal y el de privación de libertad, en calidad de autor.
Como evidencia material, la Fiscalía ofreció grabaciones del procedimiento contenidas en discos y un dispositivo de almacenamiento proporcionado por la Dirección General de Aduanas, además de filmaciones remitidas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de Amílcar Antonio Marecos.