Equipos y bienes que dejaron de ser utilizados por el sistema judicial tendrán una segunda vida en las aulas de San Pedro. La Corte Suprema de Justicia autorizó la entrega de estos recursos a dos instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer la capacitación práctica de jóvenes que se preparan para incorporarse al mundo laboral.

La donación benefició a la Escuela Taller de San Pedro de Ycuamandyyú y al Centro de Recursos para la Educación Permanente (CREP) N.º 2 de la misma ciudad. Los bienes serán incorporados a las actividades de enseñanza técnica, permitiendo a los estudiantes contar con herramientas para desarrollar sus prácticas y adquirir experiencia mediante el aprendizaje aplicado.

La entrega fue realizada por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de San Pedro, en el marco de una resolución aprobada por la Corte Suprema de Justicia, que dispuso el traspaso de bienes dados de baja del patrimonio institucional pero que aún conservan condiciones para seguir siendo utilizados.

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Según las autoridades, la donación fue posible tras la baja patrimonial de los bienes, realizada conforme al inventario y a los antecedentes administrativos correspondientes. Foto: Gentileza

Durante el acto, autoridades judiciales destacaron que este tipo de iniciativas no solo optimiza el uso de los recursos del Estado, sino que también contribuye al reciclaje y a la sostenibilidad, al evitar que equipos aún funcionales sean desechados. Además, señalaron que la medida representa un aporte concreto para mejorar las oportunidades de formación de los estudiantes.

Las directoras de ambas instituciones educativas valoraron el impacto de la donación y coincidieron en que los materiales fortalecerán las actividades prácticas desarrolladas bajo la metodología de “aprender haciendo”, que busca que los alumnos incorporen conocimientos y destrezas a partir de la experiencia directa.

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La transferencia de los bienes se concretó luego de cumplir con el procedimiento de baja patrimonial, respaldado por los inventarios y las autorizaciones administrativas correspondientes, incluyendo la aprobación de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, garantizando así la transparencia y la correcta disposición de los recursos públicos.

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