- Ciudad del Este. Agencia regional
El propietario de la firma Agrícola y Ganadera San Marcos S.R.L. Luis Carlos Pisani, de nacionalidad brasileña y un directivo de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa María Ltda., Sidinei Da Silva Schneider, paraguayo, fueron imputados por la presunta comisión de los hechos punibles de hurto agravado, invasión de inmueble ajeno y coacción grave.
El fiscal Fidel Godoy, de Minga Pora investiga el hurto de 452 toneladas de soja de una plantación supuestamente ajena.
La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 2026 por el productor agrícola Odimar Agostinho Caus, ante la supuesta cosecha y retiro de cultivos de soja de inmuebles de su propiedad, recurriendo a la fuerza, mediante el uso de maquinarias agrícolas y personal de la empresa del hoy procesado.
El afectado manifestó que el 27 de febrero del mismo año personas que no contaban con autorización habrían ingresado a inmuebles rurales de su propiedad, ubicados en las colonias San Roque y Tamburi, distrito de Minga Porã (de 50 y 72 hectáreas). Habrían utilizado tractores, cosechadoras, camiones y demás maquinarias para cosechar la producción de soja y trasladarla a destino desconocido.
De acuerdo al escrito fiscal, el propietario de la empresa agrícola habría sido quien organizó y dirigió el operativo, en el que participaron empleados de su firma y otras personas. Indica el agente que se habrían cosechado aproximadamente 452 mil kilos de soja, ocasionando un perjuicio patrimonial estimado en 150.000 dólares.
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Supuesto atropello
El Ministerio Público señala también que el otro imputado, directivo de la cooperativa citada, habría participado en las tareas posteriores de preparación de las parcelas y siembra de nuevos cultivos.
Conforme al relato fiscal, cuando el propietario tomó conocimiento de la situación y acudió al lugar para impedir la continuidad de los trabajos, habría encontrado un grupo numeroso de personas, algunas presuntamente armadas y en vehículos que resguardaban el supuesto atropello. El afectado se habría visto obligado a permitir la continuidad de la cosecha, la carga y el retiro de los granos.
La imputación se sustenta en la denuncia presentada por el afectado, documentos sobre la titularidad de los inmuebles, registros fotográficos y audiovisuales, actas fiscales, informes policiales y declaraciones testimoniales.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas cautelares personales, con suspensión de la prisión preventiva bajo reglas de conducta.