Tras ocho meses, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso la remisión inmediata del expediente judicial del senador Rafael Filizzola —investigado por lesión de confianza debido a la sobrefacturación en la remodelación de comisarías— a la secretaría del Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, con el objetivo de que el caso sea reasignado a los miembros naturales de dicha instancia.
Ahora serán los camaristas Jesús Riera, Paublino Escobar y Camilo Torres quienes deberán entender en el presente proceso penal, donde se tendrá que definir si se revoca la prescripción otorgada en un Juzgado Penal de Garantías.
Luego de estudiar el caso, los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos concluyeron que no existía una “contienda de competencia” real, dado que ninguno de los magistrados involucrados se declaró formalmente incompetente para entender en el presente proceso. Ante esta situación, los altos magistrados consideraron necesario reencausar el proceso y ordenaron su devolución a la instancia correspondiente para la reasignación de sus integrantes naturales.
En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Justicia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo. Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presentar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podido resolver la apelación de la Fiscalía.
Acusación
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional del procedimiento.
Blanqueado en el caso helicópteros
Por otra parte, la jueza Penal de Garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
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