Durante la audiencia mantenida entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el presidente del IPS, Isaías Fretes, se abordó la problemática de los amparos vinculados a prestaciones de salud y los desafíos que estos representan para las instituciones públicas.

El titular del IPS expuso la complejidad médica, operativa y presupuestaria que implican estos casos, especialmente aquellos relacionados con tratamientos de alta especialización y procedimientos de elevada complejidad.

Precisó que estos procesos representan actualmente una erogación superior a los G. 11.000 millones y, en muchos casos, corresponden a obligaciones que no están contempladas dentro del presupuesto institucional.

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“El objetivo de esta reunión fue recibir orientación y trabajar conjuntamente en la búsqueda de mecanismos que permitan proteger el derecho a la salud de las personas, pero también resguardar a la institución dentro de un marco legal adecuado”, señaló el presidente del IPS.

Por su parte, el presidente de la Corte señaló que los amparos de salud constituyen una de las materias más sensibles para los magistrados, quienes deben adoptar decisiones urgentes cuando están en juego derechos fundamentales como la vida y la salud, siempre en el marco de la independencia judicial.

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Por su parte, el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, explicó que la institución cumple con sus obligaciones hacia los asegurados, pero consideró necesario establecer criterios más claros respecto a las responsabilidades de cada organismo del Estado en los casos que llegan a la vía judicial.

Hay situaciones en las que se ordenan prestaciones a favor de personas cuya condición de asegurado requiere una verificación más profunda. Entendemos que, cuando está en juego el derecho a la vida, también deben participar otras instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como garante de la atención sanitaria de toda la población”, expresó Morínigo.

Tras la exposición, ambas autoridades coincidieron en la conveniencia de impulsar una mesa de trabajo técnica e interinstitucional para intercambiar información y analizar los desafíos que plantea esta problemática, respetando las competencias propias de cada institución.

Insistieron en que el trabajo coordinado será clave para garantizar una atención oportuna a los pacientes y fortalecer los mecanismos de respuesta del sistema sanitario nacional.

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