• Ciudad del Este. Agencia regional

Un hombre de 41 años fue condenado a 17 años de prisión al ser hallado culpable por el abuso sexual de su hijastra, una menor de edad desde que tenía diez años de edad. El fallo fue dictado en juicio oral que culminó el viernes último en el Complejo Judicial de Ciudad del Este.

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Flavia Lorena Recalde y Emilia Santos. La fiscal que defendió la acusación fue Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, de Ciudad del Este.

La causa que culminó con la condena tiene que ver con los hechos que se registraron de forma sistemática entre los años 2019 y 2022, en un inmueble ubicado en el kilómetro 13 Acaray, distrito de Minga Guazú. Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 10 años de edad.

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La agresión sexual consistía inicialmente en manoseos, hasta llegar a consumarse con las acciones más violentas, tratándose de una menor de edad y en reiteradas ocasiones. El hoy condenado, aprovechaba que su pareja y madre de la niña salía a trabajar para cometer los abusos.

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Tras los ataques, amenazaba de forma constante a la víctima para que no contara el hecho. Sin embargo, un día, la niña no aguantó más la situación que sufría y contó a su profesora. A partir de dicho relato se realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público.

En el marco de la investigación, los resultados de la inspección médica forense y de una evaluación psicológica de la niña a cargo de una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ordenada por la fiscal, confirmaron que la víctima sufría de abusos sexuales sistemáticos.

Asimismo, durante la entrevista en la Cámara Gesell, la niña relató pormenorizadamente los abusos sufridos en poder de su padrastro y que fueron probados durante el desarrollo del juicio oral, según el fallo judicial dictado.

La identidad del condenado se omite en cumplimiento de las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que pudieran permitir la identificación de menores de edad en carácter de víctimas o autores de hechos punibles.

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