En el marco del proceso de depuración de documentos, adecuaciones y mejoras en los Juzgados Civil y Comercial de 1ª instancia y de la política de sostenibilidad ambiental, representantes de la Dirección de Derecho Ambiental realizaron un recorrido de verificación, retiro y reciclaje de materiales, recolectando un total de 1.071 kilos de papel.

El retiro de materiales incluyó desde las oficinas del decimosexto turno hasta el vigésimo turno.

La iniciativa busca optimizar recursos, reducir el impacto ambiental y promover la reutilización de papel y otros materiales reciclables.

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El proceso consistió en dar de baja documentos en desuso para su reciclaje y aprovechamiento (papel, cartón y plásticos), lo que permite optimizar espacios, mejorar el ambiente laboral y disminuir el impacto ambiental.

En ese contexto, el ingeniero Mauricio Patiño informó que la actividad se desarrolló en el marco de la política de sostenibilidad ambiental, la que se llevará a cabo en un lapso de 15 días, con el objetivo de liberar espacio y permitir el ingreso de nuevos materiales.

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La verificación y posterior retiro de los materiales se realizó en conjunto con la empresa recicladora El Rubio, de acuerdo con lo autorizado por el Consejo de Superintendencia, según Acta Nº 14 de fecha 23 de abril de 2024. Finalizado el recorrido, se registró un total de 1.071 kilos de papel y cartón recuperados.

La iniciativa forma parte de la política de sostenibilidad ambiental impulsada por la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, el Código de Buen Gobierno del Poder Judicial, aprobado por Acordada Nº 783/12, establece el compromiso de promover prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, mediante acciones como la educación y promoción medioambiental con los servidores de justicia, el uso de tecnologías limpias, el manejo adecuado de desechos y el uso responsable de los recursos no renovables.

Con esta acción se da cumplimiento a la disposición del Consejo de Superintendencia y al compromiso asumido por la máxima instancia judicial, que en su artículo 36 “Responsabilidad con el medio ambiente” establece la implementación de una política de sostenibilidad institucional orientada a minimizar los impactos generados por el funcionamiento del Poder Judicial.

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