Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal María del Carmen Meza, de la unidad zonal de Iruña, imputó a cinco supuestos miembros de un grupo criminal que habría perpetrado el millonario atraco tipo comando a la sucursal del banco Sudameris del distrito de Naranjal, ocurrido el 26 de febrero en horas de la madrugada.
Los procesados, cuyas edades oscilan entre 35 y 51 años, enfrentan cargos por hurto agravado en banda y permanecen recluidos provisoriamente en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
Los elementos colectados para la imputación son informes de inteligencia policial y pericias técnicas sobre vehículos que circulaban de manera sospechosa en torno a la entidad bancaria días antes del golpe.
Los ahora imputados, junto a otros miembros de la banda, un total de 25 personas, habrían sitiado el banco portando armas de fuego de grueso calibre. La estructura criminal habría dividido sus funciones, mientras un grupo aseguraba el perímetro para impedir el paso de transeúntes, otros colocaban artefactos explosivos y dinamita en gel.
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La potente detonación destruyó la bóveda de seguridad y parte de la estructura edilicia del local, lo que permitió que los asaltantes se alzaran con una elevada suma de dinero. Durante la huida los criminales utilizaron vehículos de diversas marcas (Toyota Auris, BYD Song Plus, Kia Sportage y Toyota Premio), algunos de los cuales fueron hallados posteriormente incinerados.
Estos hallazgos se produjeron en caminos vecinales y a orillas del río Yñaro. Además, para asegurar su escape, el grupo arrojó clavos miguelito en su trayecto. La agente del Ministerio Público sostiene que los procesados habrían formado parte de la organización criminal, con gran poderío logístico y económico.
Entre los elementos colectados para la imputación están los informes de inteligencia policial y pericias técnicas sobre vehículos que circulaban de manera sospechosa en las inmediaciones del banco, días antes del golpe. También cuentan con las evidencias incautadas en los allanamientos del viernes último, entre ellas armas de fuego y teléfonos celulares.
Considerando la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la alta expectativa de pena, la fiscal María del Carmen Meza solicitó la prisión preventiva de los imputados y pidió un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.
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