En sesión plenaria de este miércoles, el pleno de la Corte Suprema de Justicia presentó un informe sobre las medidas adoptadas desde abril ante denuncias por presuntas irregularidades en juicios ejecutivos de Juzgados de Paz. Se destacaron auditorías, sumarios administrativos, movimientos de personal, remisiones al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento, así como la promulgación de una ley para la creación de nuevos juzgados.
El presidente de la Corte, César Diesel, recordó que las decisiones se enmarcan en la normativa vigente, mientras que la vicepresidenta primera, Carolina Llanes, expuso que hasta la fecha fueron auditados 11.836 expedientes, lo que derivó en sumarios a 9 magistrados, 17 secretarios, 23 ujieres, 3 funcionarios, 25 abogados y 139 oficiales de justicia, varios de ellos actualmente suspendidos.
En paralelo, se dispusieron medidas administrativas que incluyeron reubicaciones, finalización de interinatos, desvinculaciones, 27 comisionamientos y 33 nuevas contrataciones de apoyo. Además, fueron aceptadas las renuncias de los jueces de La Catedral, La Recoleta y Lambaré, y no fue confirmado en el cargo el juez de Santísima Trinidad – Segundo Turno.
Te puede interesar: En octubre debe comenzar un segundo juicio oral al exfiscal general y su esposa
La Corte Suprema informó también la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la designación de los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón para acompañar los trabajos de la Comisión Especial de Investigación del Senado. En el ámbito legislativo, se destacó la promulgación de la Ley N.º 7526, que crea nuevos Juzgados de Paz en distintas circunscripciones del país con el fin de descongestionar los procesos.
La ministra Llanes señaló que algunos actores ya fueron imputados en el marco de las investigaciones judiciales. Finalmente, el ministro Martínez Simón dio lectura al comunicado emitido el pasado 9 de abril, en el que la Corte reafirmó que no es jurídicamente posible suspender medidas cautelares ni anular juicios ejecutivos de manera generalizada por vía administrativa o externa al Poder Judicial.
Podes leer: Condenan a 28 años de cárcel a dos personas por el asesinato del exdirector de Tacumbú