A 17 años de admi­tirse la imputación por tortura contra el ex ministro del Interior, Walter Bower, el juez penal de Garantías Gustavo Ama­rilla fijó para el 19 de marzo –a las 8:30– la audiencia de imposición de medida para el imputado. Esta situación se registra luego de un informe que consta en el expediente judicial que dice que no se le impuso ninguna medida al procesado. En la causa también se encuentran dos policías, Merardo Palacios y Osvaldo Vera, acusados por hechos de tortura, lesión cor­poral en el ejercicio de las funciones públicas y coacción respecto de declaraciones.

El 18 de abril del 2001, el entonces juez Pedro Mayor Martínez admitió la impu­tación presentada por el fis­cal Amílcar de Jesús Ayala Bonzi y se daba por iniciado el procedimiento penal con­tra Bower Montalto. Pasaron 17 años y el ex ministro no fue citado para la diligencia.

El juez Gustavo Amarilla tiene hoy el proceso penal luego de que la sala constitu­cional de la Corte Suprema rechazara "in limine" la acción de inconstitucionali­dad planteada por la defensa del ex comisario Merardo Palacios contra el fallo del Tribunal de Apelación que había confirmado al citado magistrado para que siga en el caso. Amarilla citó a Bower para el 19 de marzo a las 8:30, cuando se le impondrán las medidas.

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El abogado querellante, Rolando Alum, solicitó en varias ocasiones ante los dife­rentes juzgados que le imponga las medidas a Bower, pero su pedido nunca se pudo con­cretar. Sin embargo, el 2 de julio del 2003, el fiscal inter­viniente, Fabián Centurión, pidió al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para el imputado, además la prohibi­ción de salir del país. Hasta la fecha tampoco se pudo realizar la audiencia preliminar a raíz de las chicanas presentadas.

ANTECEDENTES

Los comisarios Alfredo Cáce­res y Jorge López denuncia­ron haber sido torturados en la Comisaría 11 Metropoli­tana y en la Marina, tras el fallido intento de golpe de Estado en mayo del 2000, durante el gobierno de Luis González Macchi.

Esto ocurrió bajo la supervi­sión del entonces ministro del Interior, Walter Bower.

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