El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Leonardi Guerrero, formuló imputación por los delitos de producción de documentos y uso de documentos públicos de contenido falso contra el actual contralor, Enrique García. Asimismo, solicitó al Juzgado de Garantías medidas alternativas a la prisión para García.
El proceso penal obedece a que García, en su carácter de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, no apeló un fallo arbitral que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur.
El fiscal Guerrero también imputó a Julio Giménez y Rodolfo Duarte por los mismos hechos punibles que García.
El Ministerio Público inició una investigación contra Enrique García en el 2016, que primero estuvo a cargo de la fiscala suspendida, Nadine Portillo.
El hecho fue investigado en principio como lesión de confianza por presunta omisión, ya que no se apeló la sentencia del tribunal arbitral que condenó al municipio de Asunción a pagar a la firma Ivesur. La negligencia sería del ex director jurídico de la comuna Enrique García, quien debía presentar la apelación correspondiente al presente caso.
El hecho se pudo corroborar mediante decisión de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, primera y quinta salas, que señalan que la Municipalidad de Asunción no recurrió el fallo condenatorio que dispone abonar la millonaria suma de US$ 3,6 millones a Ivesur en concepto de indemnización.
De acuerdo a los datos que se manejan, el entonces funcionario de la dirección de Asesoría Jurídica de la comuna, Rodolfo Duarte, era presuntamente el encargado de presentar el escrito de apelación.
En dicho documento se puso sello y firma de que el escrito fue recibido en la primera sala. Sin embargo, con pericias realizadas a los funcionarios de dicha dependencia judicial, la Fiscalía confirmó que la firma que aparece en el recibido fue falsificada.