Ruben Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, explicó esta mañana que desde su gremio instaron a dar marcha atrás a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su medida cautelar presentada para que todo el estamento del Poder Judicial deje de presentar declaración jurada de bienes, tanto ministros, magistrados y funcionarios.

En contacto con la 970 AM, el experto en leyes recordó que ayer mantuvo reunión con integrantes de la Sala Constitucional, oportunidad en la cual hicieron notar que la señal que había emitido la Corte con la citada medida cautelar, era “bastante contradictoria”.

“Es contradictorio que, por un lado, la máxima instancia judicial dé instrucciones de apertura de sumarios a magistrados y funcionarios, realice auditorías de expedientes. Todo en el afán de transparentar la gestión. Y que por otro lado, traten de dejar sin efecto la obligación de presentar declaración jurada de bienes y rentas a la Contraloría General de la República de los funcionarios en general”, expresó.

Calificó la medida emitida como una señal negativa para la ciudadanía de la gestión de la CSJ, y más aún en un año en que dos ministros de la máxima instancia judicial deben jubilarse y presentar la declaración de bienes.

“Les hicimos notar la ilegalidad y también otros varios aspectos procesales que robaban la ilegitimidad de la decisión”, dijo al destacar que a raíz de esto, Myriam Peña, ministra integrante de la Sala Constitucional, se comprometió a rectificar la medida cautelar fijada.

Agregó que de manera inmediata, Peña incluyó a su Asesora Jurídica para presentar un recurso de aclaratoria, por la cual se rectificó la medida y hoy sigue vigente la obligación.

Por otra parte, como posible causal que impulsó a la Corte a tomar la primera decisión, indicó Galeano que la resolución reglamentaria impone además la obligación a familiares cercanos de funcionarios de presentar también declaración, y que esto resultaba inconstitucional, por ser funcionarios del Poder Judicial y no tener dicha obligación.

“Pero no por esta razón los funcionarios judiciales pueden quedar exentos de la obligación”, reiteró. Indicó además que los magistrados hoy administran la justicia y se encuentran bajo escrutinio de la sociedad por los audios filtrados el año pasado.

“Está bajo la lupa toda la justicia y esta medida nos llamaba mucho la atención, en un momento tan delicado. Y también, podría haber sentado jurisprudencia y haberse replicado en otros poderes del Estado”, dijo.