Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los jueces y funcionarios del Poder Judicial no informarán sobre sus activos y pasivos, ni van a dar datos personales de sus parientes a la Contraloría, que tampoco podrá acceder a la apertura de cajas de seguridad que puedan tener los mismos.

Así lo resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Nº 5033. Los ministros de la Corte, Miryam Peña, Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes, firmaron la resolución judicial.

La asesora jurídica de la máxima instancia judicial, Mirtha Morínigo de Florentín, fue quien promovió la acción atacando los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 18 y 25, en los que se establece la obligación, los datos a ser declarados y las sanciones contra los que no cumplan con la ley.

Asimismo, en el 2015, la Sala Constitucional de la Corte hizo lugar a la acción que presentó un grupo de funcionarios judiciales. En aquella ocasión, integraron la Sala los ministros Gladys Bareiro de Módica, Luis Benítez Riera y Antonio Fretes. Entre los beneficiados están Porfiria Ocholasky, Juan C. Bernabé, Juan Gabriel Quevedo, Óscar Argüello, Estela Pereira, Nadia Araújo Cardozo, entre otros.